Comunicación para el Bienestar
El 31 de enero de 2017, luego de un año de trabajo legislativo, la Asamblea Constituyente, aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México, con este documento, los habitantes de la capital del país dejarían de ser “ciudadanos de segunda”, como se les denominaba, ya que dio pleno reconocimiento a los derechos políticos de la entidad y sus ciudadanos, dándoles, por primera vez en la historia de nuestro país, los derechos inherentes a cualquier otro miembro de la federación.
En el artículo 1, numeral 2 de la Constitución, a la letra dice que en la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
En tanto que en el numeral 4 se señala que la Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Es decir, el destino de los capitalinos por primera vez dejaba de estar en las manos de la federación y del ejecutivo en turno, para depositarlo en las manos de sus ciudadanos, reconociendo su soberanía y autonomía del gobierno federal.
Como pueblo soberano, la Jefatura de Gobierno está obligada a informar a sus ciudadanos, de manera permanente y completa, de los asuntos concernientes a la Ciudad mediante el sistema de gobierno abierto, como lo señala el artículo 32, fracción C, numeral n.
Entonces, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, la renuncia de la jefa de Gobierno a informar y gestionar lo concerniente a la tragedia de la línea 12 del metro, es un violatorio al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México en tanto que: 1) viola la soberanía, libertad y autonomía de la entidad porque que cede la gestión de un asunto público local al ejecutivo federal 2) Hay omisión de funciones en tanto que la Jefatura de Gobierno se negó a informar a los ciudadanos de la ciudad sobre las gestiones, avances, negociaciones, responsabilidades y todo aquello concerniente a la línea 12.
Este tema continúa dando de qué hablar y en esto, que ya parece un melodrama cinematográfico, se integra un nuevo personaje, el empresario mexicano Carlos Slim, dueño de la empresa Carso, quien estuvo al frente de las obras del trayecto elevado del señalado transporte (precisamente en el tramo que se cayó).
Así, no obstante, la existencia de al menos un par de peritajes en donde se detallan fallas estructurales y deficiencias en la obra civil, casi nadie ha apuntado responsabilidades al magnate. O bien, para ser justos, hasta el momento ninguna persona o instancia de gobierno se ha responsabilizado por el hecho.
Y en esta comedia de equívocos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum se reunieron con Slim la semana pasada. Después de tal reunión, el empresario-ingeniero, contradijo el peritaje y comentó estar convencido de que, desde su origen, la línea no tiene vicios. Esto es, en medio quedan las palabras, las de los peritos que describen (previa investigación científica) las causas de la tragedia y la firme convicción de Slim quien señala: “yo no fui”, pero no investiga, explica o describe las causas de lo que pudo haber sucedido.
Y tal palabra, ahora le fue quitada a la jefa de gobierno, pues ella misma reconoció que será el propio presidente de la República quien seguirá informando sobre la rehabilitación del tramo referido. Incluso, AMLO ofreció hacer un recorrido por Tláhuac, con Sheinbaum, en el lugar del colapso, para supervisar la rehabilitación.
Y aquí lo grave del caso no solo es que un asunto que corresponde a la autoridad local, sea atendido desde lo federal, sino que en este acto no solo se trastoca la autoridad de la jefa de gobierno, que queda reducida al nivel de empleada del primer mandatario, emulando a los regentes capitalinos, que eran meras figuras simbólicas investidas de autoridad, pero no de poder, el cual quedaba en manos del presidente de la República en turno, sino que, además, trastoca la legalidad, como lo comentamos en un inicio y trastoca, también, los derechos políticos de los ciudadanos que habitamos la CDMX.
Así, sin poder y con una autoridad lastimada, Claudia Sheinbaum, parece seguir con una racha de mala suerte y a la deriva, después de un proceso electoral en donde, tampoco le fue nada bien, al dejar en manos de la oposición la mitad de las alcaldías que estaban en disputa en la contienda electoral del pasado 6 de junio.
Por lo pronto, el hilo parece romperse por lo más débil y Florencia Serranía Soto, se convierte en un “chivo expiatorio” más del caso y dejó de tener el apoyo de la jefa de gobierno quien anunció su salida de la dirección del Sistema de Transporte Colectino Metro, sin dar argumentos de la remoción, y en cambio llenando de elogios a la ex funcionaria caída en desgracia.
