Vladimir Tello
A casi un año de la demolición del Mercado Z. Larios en Tepic-Nayarit, la lucha por el derecho a la propiedad ha tomado la vía legal. Las más de 17 familias propietarias tienen vigentes procesos legales en los tribunales colegiados de circuito y planean llevar el caso de despojo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las violaciones constitucionales, sobre todo referentes al daño sobre la propiedad privada, violaciones al proceso de expropiación y al abuso de autoridad.
Las autoridades gubernamentales declararon públicamente que incluirían a los locatarios dentro del proyecto, sin embargo, fueron ignorados y en la madrugada del 29 de julio de 2022, con el uso de la fuerza pública fueron despojados, pese a la existencia de suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales: un claro abuso de poder y de la ley.
Entre los principales puntos violatorios señalan:
No ser informados y convocados para conocer el proyecto; tampoco hubo consulta previa.
No fueron llamados debidamente al procedimiento, No fueron debidamente notificados.
No se les dio oportunidad de defenderse.
Las valuaciones se realizaron con el valor catastral, pese a que la ley señala que debe ser con el valor comercial.
En julio del 2023, un juez federal del circuito de Sonora concedió un amparo a una de las locatarias, con el cual notifica al Gobierno del Estado de Nayarit que la forma “en que fue llamada al proceso” no cumplió con los requisitos legales pues no le permitió defenderse, ni tampoco se consideraron avalúos de valor comercial, la ley condominal, la indemnización proindiviso de las áreas comunes. Las inconsistencias y fallas de origen se reflejan en todos los casos.
Los locatarios manifiestan que buscan una indemnización justa que les permita poder comprar un bien inmueble en la zona para reestablecer sus negocios, piden una indemnización justa conforme a la ley: «Esta lucha es un precedente para que ningún nayarita sea afectado en su patrimonio por abuso de poder”.
