Comunicación para el Bienestar
La participación especialmente baja en la consulta popular realizada el pasado domingo, podría tener varias lecturas. Una de ellas se estaría relacionando con la pobre cultura de la participación cívico política que viene arrastrando la ciudadanía mexicana desde hace décadas. Y es que en un país, en el que suelen desarrollarse prácticas electorales no solo poco democráticas, sino, muchas de ellas fraudulentas, la vinculación de la ciudadanía suele presentarse a cuenta gotas y con la desconfianza permeando dicha intervención.
Por ello, la mayoría de los análisis destacan la pobre participación ciudadana en el ejercicio político, pero marginan el tema central de la consulta. Y es que el asunto no solo se detiene en el “vamos a preguntarle a los mexicanos” que lanzó López Obrador, sino que el tema, en tal caso, tendría que ser, qué se le preguntó y para qué el cuestionamiento a los ciudadanos. La duda surge porque, la idea que se difundió fue que la consulta era para poder juzgar a los expresidentes.
No obstante, la pregunta avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo dejó un alto margen para la interpretación, sino que sus alcances son amplísimos y la redacción estuvo francamente amañada. La pregunta en cuestión fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Así, las mantas que invitaban a la participación decían: “juicio sin impunidad no” todo ello aderezado con las fotografías de los últimos cinco presidentes de México, que colgaban por varias zonas de la ciudad. Entonces, el asunto es que pasamos del juicio a los expresidentes al proceso para todos los actores políticos. Y es que pensar en una lista de todos los funcionarios que merecerían ir a juicio implicaría empezar por emprender una seria reflexión ética y jurídica que abarque el recuento de todos los actores políticos que actuaron en el pasado, independientemente del partido al que pertenezcan y a partir de un tiempo indeterminado. Todo esto, pasando por el principio básico de que la justicia se aplica, no se consulta.
Así, la consulta parecería entonces un ensayo de lo que sucederá en marzo del 2022, cuando en plebiscito popular, se habrá de decidir la revocación del mandato del ejecutivo federal. Con todos sus asegunes (el llenado ilegal de urnas, propaganda en el lugar de las mesas de votación, acarreo, votantes sin credencial participando en la consulta), calificar la pasada consulta popular como un fracaso rotundo sería, por otro lado, exagerar las cosas ya que lograr casi un 8% de participación en un ejercicio completamente ciudadano no es poca cosa si consideramos que constituye uno de los primeros ejercicios de participación directa que se realiza en nuestro país. No obstante, el optimismo mostrado por López Obrador al día siguiente de la consulta ciudadana, parece más una señal para apaciguar las aguas que de satisfacción por los números obtenidos. Por ello, marzo habrá de ser una fecha decisiva que habrá de marcar los destinos de la controvertida 4T.
Analistas, investigadores, académicos, movimientos sociales y populares, han dedicado gran parte de su labor a estudiar las distintas formas de democracia, tratando de encontrar los mecanismos para que existan más y mejores espacios para una participación ciudadana efectiva respecto a cómo se llega al poder y de la manera en que se gobierna.
Nosotros, desde Comunicación para el Bienestar, también hemos dedicado mucho tiempo a exigir que la participación ciudadana en los asuntos públicos vaya más allá de la mera democracia electoral, es decir, no basta con limitar nuestra participación a insertar un voto en una urna, sino que debemos tener incidencia real y directa en los asuntos que importan a nuestra comunidad y a nuestro país.
Y aunque la figura de la consulta ciudadana es una herramienta que amplía la participación, no deja de ser electoral, no deja de limitarse a elegir entre uno y otro, sigue siendo un asunto electoral organizado desde “arriba” y con eso ya es suficiente para generar desconfianza entre un pueblo al que le ofende el derroche (aunque este sea muy democrático), que se siente manipulado porque no termina de percibir una participación real en la gestión de gobierno (aunque esto no signifique que no quieran que se juzgue a quienes se aprovecharon, y se aprovechan, de un cargo público), y que, además, no está acostumbrado a ser tomado en cuenta.
La participación representativa, es decir, el voto electoral, y la participación directa, en sus figuras de consulta ciudadana, plebiscito, referéndum, iniciativa popular o revocación de mandato, son apenas la forma mínima esencial de la democracia, que no sirven de nada para fortalecer la institucionalidad democrática tan manoseada en nuestro país.
La participación ciudadana que necesitamos debe ser más local, más directa, donde cada ciudadano tenga la certeza de que puede expresarse, de que será escuchado, de que participará en la toma de decisión de los asuntos públicos y de que evaluará la eficiencia de cada servidor público para que, en su caso, pueda seguir en su puesto o tenga que ser despedido, sin tanto legalismo, sin tanta burocracia, sin tanta manipulación.
