Redacción Sentido Común
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) tuvo que pagar al crimen organizado derecho de piso para poder realizar el Censo Agropecuario 2022, reveló Susana Pérez Cadena, responsable de los censos Agropecuarios y Económicos de la dependencia.
Al hablar en reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre los problemas que enfrentaron para llevar a cabo su trabajo, reconoció que uno de los obstáculos que enfrentan para hacer su trabajo es el de la inseguridad, que es más visible en las zonas rurales.
Por ello, ante la preocupación de la seguridad del personal, para llevar a cabo sus tareas y proteger su integridad se aplican diversas estrategias como el pagar derecho de piso o contratar a gente que sea conocida por los criminales.
“En algunos casos pagar para entrar, pagar a la mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona que se está censando y que además sea conocida de esa gente, de quienes pudieran estar incurriendo en cuestiones de delincuencia”, reveló.
Indicó que el primer día del censo, el INEGI tuvo una persona secuestrada por el crimen organizado, y duró varios días privada de la libertad, pero ya no tuvieron otro caso de esa naturaleza.
