mComunicación para el Bienestar
El uso de la comunicación digital como herramienta para llevar a las campañas políticas a una zona abismal en que los criterios legales se desdibujan entre lagunas de tecnicismos y anonimatos no es nuevo. Fue en la campaña presidencial del año 2000 cuando las plataformas digitales encendieron los focos rojos de las instituciones encargadas de vigilar el apego de los candidatos a la ley electoral.
Conceptos como spamig, cookies, links, usurpación de dominios, sites, recaudación de fondos o voluntarios mediante plataformas de captación, se convirtieron en figuras estelares del war room de cada equipo de campaña.
Uno de los temas que más llamó la atención, no de los medios, sino de analistas y autoridades electorales, fue el fenómeno cocido como el “plantón virtual”, se trató de una estrategia de spaming que mandaba hasta cuatro mensajes por segundo a los dominios del Tribunal Electoral cada vez que se daba click a cierto link, y que fue implementada por el grupo conocido como los “Amigos de Fox” como protesta por el rechazo a que el candidato del PAN, Vicente Fox, utilizara su imagen en la boleta electoral.
Otro fenómeno digital fue el llamado “sondeo de cookies”. Al inicio de la campaña, Fox aventajaba 60 a 20 al candidato del PRI, Francisco Labastida, sin embargo, en pocas semanas, este último logró empatarlo en los sondeos, los observadores detectaron que esta subida en las preferencias se debió al uso alternado de cookies, es decir, los bots del año 2000.
Este acontecimiento fue particularmente significativo porque derivó en una serie de reformas electorales para regular el levantamiento y la difusión de sondeos de opinión con el objetivo de que estos instrumentos no fueran utilizados como herramienta de manipulación en la intención de voto al difundir resultados falsos.
Para la elección presidencial de 2012, se exigió que los medios de comunicación que difundieran los resultados de una encuesta o sondeo, informaran a la autoridad electoral sobre el costo, el contratante y el ejecutor y, si estas fueran digitales, tendrían que guardarse los sistemas de cómputo y obtención de datos, además de sujetarse a un periodo de veda electoral.
Parecía que las encuestas podrían ser reguladas, sin embargo, una nueva zona abismal digital apareció en la figura de los llamados influencers o youtubers, una figura extraña que transita en los bordes de lo periodístico, lo empresarial y lo ciudadano, y en esa ambigüedad se refugian, por lo que se han convertido en el instrumento favorito de los equipos de campaña para violar la ley, a veces de forma discrecional, pero otras, demasiado cínicas.
En días pasados, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó sancionar a los youtubers Ignacio Rodríguez Ceballos “El Chapucero”, por haber violado la veda electoral y llevar a cabo actividades proselitistas a favor de Morena, y a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, por brindar apoyo económico de manera irregular a la campaña de su esposo. Todo esto se suma a la sanción impuesta por dicho órgano al Partido Verde Ecologista de México, por hacer uso de figuras públicas para promover el voto a favor de su partido.
Todo esto parece suceder, entre otras razones, porque hoy el mundo de Internet y de las redes sociodigitales, parecen operar más en el entorno de los buenos deseos (y de la manera en la que cada creador de contenidos entiende la ética) que en el mundo de la ley. Muchos de los llamados youtuberos, incluso son (o se creen) influencers, y navegan por el entorno virtual, según les convenga, con la bandera de periodistas, simples ciudadanos, comentaristas o creadores de contenidos.
No obstante, como en los casos aquí referidos, en no pocas ocasiones tales personajes llevan a cabo actividades vinculadas con el mundo político electoral, y lo hacen pensando que las leyes que regulan tales actividades, solo aplican para los llamados medios formales (así como los ciclistas y motociclistas creen que el reglamento de tránsito está hecho solo para quien maneja automóviles), no para las benditas redes sociodigitales.
Tener un número importante de seguidores, convierte tales actividades político electorales, en un jugoso capital, que ponen al servicio de partidos políticos, movimientos sociales o candidatos. Entonces, todo parece moverse en una cadena de supuestos, en donde una parte importante de los youtuberos creen tener la capacidad para incidir en el voto de sus seguidores y otros tantos partidos políticos y candidatos suponen que esto se habrá de traducir en apoyo directo en su beneficio.
La sanción que la autoridad electoral puso a Nacho Rodríguez “El Chapucero” no se debió al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión para manifestar su apoyo a Morena, como él lo ha dicho, sino que, él mismo se asume como un periodista y en ese papel difundió una encuesta digital en periodo de veda y de la que, además, no otorgó ninguna información a la autoridad.
Al final, aparecen Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez en pantalla, burlándose de la multa impuesta por el INE y Nacho Rodríguez “El Chapucero” se dice orgulloso del apoyo que diariamente le brinda al presidente de la República y a la 4T.
Ambos casos son solo una muestra de la impunidad y la ilegalidad por la que transitan las campañas electorales en Internet, pero hechos como este hay cientos, por lo que es urgente la regulación digital para estos espacios que se dicen “periodísticos” pero que no tienen la ética, el rigor, la responsabilidad y, a veces, ni la preparación para asumirse como tal.
