Iveth Serna
La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el martes 13 de abril se daría una buena noticia, ese día, la presentación de los avances de la vacuna mexicana, fue la nota estelar, sin embargo, buena parte de la conferencia matutina se destinó a otro tema de primera importancia para el futuro de México; el costo de la democracia.
Además de criticar, y con razón, el lastre económico que los diputados y senadores representan para el erario público, sobre todos los plurinominales, anunció que, una vez concluida la presente jornada electoral, enviará varias iniciativas de reforma al poder legislativo y a la ley electoral.
El motivo fundacional de los plurinominales ya no tiene razón de ser. En 1977 se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales con el fin de que los partidos minoritarios, pero ideológicamente diferenciados, tuvieran representación política en las cámaras y garantizar que ésta fuera pluripartidista y políticamente diversa, sin embargo, hoy día, los llamados partidos satélite ya no tienen una diferenciación ideológica clara, han hecho del sistema de partidos una forma rentable de vivir y de las alianzas electorales la manera de garantizar su sobrevivencia.
La forma en que se compone y opera el poder legislativo no garantiza la representatividad ciudadana, por lo que la reducción del mismo, aunque fuera la desaparición de los plurinominales, no tendría impacto negativo en el quehacer parlamentario ni reduciría la pluralidad de las cámaras, sin embargo, bajaría el gasto corriente de una institución bastante desprestigiada.
Celebramos el anuncio del presidente sobre las iniciativas para reorganizar el poder legislativo y hacerlo un poder plural, transparente, que rinda cuentas a los ciudadanos y que cada legislador sea un representante legítimo de la comunidad que lo eligió. Esta posibilidad de reforma es una buena noticia para todos, pero no es suficiente.
Vamos a entrarle a fondo, hay que aprovechar la oportunidad para hacer una reforma estructural que contemple la apertura de nuevas y mejores formas de participación ciudadana, que se avance hacia una comunodemocracia donde las decisiones sean tomadas por las comunidades de acuerdo con sus necesidades, condiciones y cosmovisiones particulares, donde cada ciudadano tenga opciones de participar de los asuntos importantes del país que vayan mucho más allá del voto que, al parecer, ya no alcanza para garantizar la vida democrática del país.
“Hay que dejarle al pueblo que decida”, dice el presidente y tiene razón. Pero para que el pueblo decida de verdad y su decisión tenga peso, la ley también debe contemplar y fortalecer las formas de organización ciudadanas, pero con los suficientes candados para garantizar que ningún interés político o económico pueda infiltrarlos, corromperlos y utilizarlos a su favor como ocurre con muchas organizaciones y movimientos aparentemente ciudadanos.
