Redacción Sentido Común
Diputados federales entregaron este jueves a la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, la minuta denominada “3 de 3” que busca suspender el derecho para ocupar cargos en el servicio público o ser postulado y ocupar cargos de representación popular, a quienes hayan ejercido violencia política o sexual contra mujeres, o sea deudor alimentario.
De aprobarse la propuesta que modifica el artículo 38 y 102 de la Constitución, perderán el derecho a ocupar cargos públicos o ser postulados a cargos de elección popular, quienes tengan sentencias definitivas por agresiones sexuales, hayan sido sancionados por violencia política en razón de género o que hayan sido declarados como deudores alimentarios o morosos.
En el acto protocolario, Sánchez Cordero dejó en claro que este producto legislativo que se sacó de la “congeladora legislativa”, es relevante para la vida pública de México, pues con ella se les manda un mensaje a las personas violentadoras, abusadoras sexuales o deudoras alimentarias que “nunca más el Estado mexicano las aceptará como representantes populares o como titulares tanto de la Fiscalía General como de las Fiscalías locales”.
También será aplicada a los demás poderes: al Poder Judicial, tampoco podemos tener magistrados y jueces que no tengan el “3 de 3”. “Nos llevamos muchas sorpresas también entre los juzgadores, ¿eh?, y si no, que les digan quienes la están sufriendo”, indicó Olga Sánchez Cordero.
