Redacción Sentido Común
El fiscal general de Washington, DC, Brian Schwalb, presentó una demanda federal contra el presidente Donald Trump y su administración por el despliegue de más de 2,200 elementos de la Guardia Nacional en la capital estadounidense. Según la acusación, la medida constituye una “ocupación militar involuntaria” y viola la Constitución, el Home Rule Act, que protege la autonomía local, así como la Ley Posse Comitatus, que limita el uso del ejército en tareas policiales.
De acuerdo con la querella, los militares desplegados desde varios estados llegaron armados y con facultades para realizar patrullajes, registros y arrestos, lo que, a juicio de las autoridades locales, representa una amenaza a los principios democráticos y un acto de intervención indebida en los asuntos internos de la ciudad.
La Casa Blanca defendió la decisión al señalar que el despliegue fue una acción legal bajo la autoridad presidencial con el objetivo de proteger instalaciones federales y reforzar el combate al crimen en el área. No obstante, la medida ha sido duramente cuestionada por líderes locales, quienes consideran que se trató de un acto de represión.
La demanda presentada este 4 de septiembre es el paso más contundente tomado hasta ahora por Washington DC en contra de las medidas de seguridad impulsadas por Trump en territorios gobernados por demócratas. El proceso judicial busca no solo retirar a los militares de la capital, sino también sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en el uso de fuerzas armadas dentro del país.
