Dr. Abel Ortiz Prado
El reciente repunte del precio del petróleo hacia niveles superiores a los 83 dólares por barril al 6 de marzo, -su nivel más alto desde el 23 de octubre de 2023, por encima de los 54.9 dpb aprobados en los CGPE-2026- en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Evento al que se sumó el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz (por donde transita el 20% del consumo mundial de petróleo), lo cual comprometió la infraestructura energética y las exportaciones de países del Golfo, como Irak y Arabia Saudita, reduciendo, con ello la oferta de crudo, reabre una discusión clave para la economía global y particularmente para México. A diferencia del episodio inflacionario del 2022, el choque actual parece tener un carácter más acotado tanto en duración como en profundidad, derivado de una menor rigidez estructural en los mercados energéticos y de una mayor capacidad de ajuste en la oferta global. Sin embargo, ello no implica ausencia de efectos: ya que el encarecimiento de los energéticos continúa siendo un vaso comunicante de transmisión hacia la inflación y de incremento en los costos productivos a nivel internacional.
En este contexto, el caso mexicano presenta una dualidad estructural que limita la lectura simplista de que mayores precios del petróleo benefician automáticamente a la economía nacional. Si bien el país continúa siendo exportador de crudo, lo que fortalece los ingresos petroleros del sector público, también es un importador neto de combustibles refinados, particularmente gasolinas. -México no le da valor agregado al petróleo refinado que consume- Este desbalance implica que el aumento en los precios internacionales eleva simultáneamente los ingresos fiscales y las presiones sobre el gasto público, especialmente a través del mecanismo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios “IEPS”, que opera como un amortiguador de precios al consumidor. El IEPS funciona como: subsidio cuando sube el petróleo y como recaudación cuando baja. Así, el petróleo se convierte no solo en una fuente de ingresos, sino en un instrumento activo de política fiscal contracíclica, cuyo manejo determina en gran medida el impacto final sobre la inflación y las finanzas públicas.
Bajo este escenario, el verdadero desafío para México no radica en la volatilidad del precio del crudo en sí mismo, sino en su estructura energética y fiscal. La persistente dependencia de importaciones de combustibles limita la captura plena de los beneficios petroleros y expone al país a choques externos que deben ser absorbidos vía subsidios implícitos o menores ingresos tributarios. En consecuencia, más que celebrar los episodios de altos precios del petróleo, resulta imprescindible avanzar hacia una estrategia integral que fortalezca la capacidad de refinación, redefina el papel del IEPS como instrumento de estabilización y consolide una política fiscal menos dependiente de los ciclos energéticos. El petróleo, en el México contemporáneo, ya no es una palanca de desarrollo automático, pero sigue siendo un factor determinante de equilibrio macroeconómico. “México ya no depende del petróleo… pero tampoco ha dejado de depender de él.
