Luis Rubén Maldonado Alvídrez
México establece una relación de iguales con todas las naciones. Nunca de
subordinación y menos de entreguismo”. Además, en el marco de exigencias de
agencias extranjeras, afirmó: “Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro
territorio, aquí defendemos la patria”, dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México
hace unos días.
En marzo de hace 3 años, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador dijo: “A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos ni
una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano,
nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México”.
Durante décadas, la política exterior de México se distinguió a nivel global por ser un
referente de prudencia, neutralidad y respeto absoluto a la soberanía de otras
naciones. La histórica Doctrina Estrada sirvió como una brújula diplomática que dictaba
la no intervención y el reconocimiento de los gobiernos, independientemente de su
origen o tendencia ideológica. Sin embargo, durante la administración de Andrés
Manuel López Obrador este principio fue abandonado para dar paso a un activismo
ideológico e intervención electoral en otros países que tensó y fracturó las relaciones
diplomáticas de México en América Latina.
Los casos de Perú y Colombia son ejemplos claros y preocupantes de este
intervencionismo por parte de los gobiernos de Morena. En lugar de mantener una
postura de Estado, se utilizaron los canales oficiales para proyectar simpatías políticas
personales, ignorando el daño a largo plazo en las relaciones bilaterales.
En el caso del Perú, el involucramiento del gobierno mexicano pasó de la simple
empatía política a una intromisión directa en los asuntos internos del país andino.
Desde la campaña electoral de 2021, la administración de López Obrador mostró una
preferencia abierta por la candidatura de Pedro Castillo.
Lo verdaderamente grave no fue la simpatía política, sino la respuesta del gobierno
mexicano tras el intento de golpe de Estado de Castillo en diciembre de 2022. Al
cuestionar la legitimidad del gobierno constitucional de transición encabezado por Dina
Boluarte y emitir declaraciones constantes desde las conferencias matutinas, México
violó el principio de no intervención que tanto ha defendido en el papel.
La retórica de la no intervención se utilizó selectivamente: sirvió como escudo para
evitar críticas a México, pero se ignoró por completo a la hora de inmiscuirse en los
procesos democráticos del Perú.
Las consecuencias de esta política de confrontación no se hicieron esperar. El gobierno
de Perú expulsó al embajador mexicano y, en mayo de 2023, el Congreso peruano
declaró persona non grata al presidente López Obrador. Esta crisis diplomática dejó en
evidencia una diplomacia impulsiva que prioriza la agenda ideológica sobre el bienestar
institucional.
En este 2026, justo hace un par de semanas, el Perú celebró la primera vuelta de su
elección presidencial y las elecciones legislativas y del Parlamento Andino, en las que
el comentario constante fue la intervención mexicana en dicho proceso electoral.
Con un proceso inédito por el número de candidatos presidenciales (35), la pugna es
entre la izquierda y la derecha, en un país donde el poder lo ejerce a cabalidad un
poder legislativo que ha removido a varios presidentes en una década. La segunda
vuelta no ha quedado definida, salvo Keiko Fujimori quien ha asegurado su lugar, el
segundo puesto sigue siendo disputado por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y
Rafael López Aliaga de Renovación Popular; el primero totalmente de izquierda, el
segundo de derecha populista.
El comentario en círculos políticos peruanos es sobre el involucramiento del gobierno
mexicano, a través del partido Morena, en los comicios peruanos, apoyando a diversos
candidatos de izquierda, especialmente al mencionado líneas arriba, Roberto Sánchez,
exministro del depuesto presidente Pedro Castillo, el favorito de López Obrador, quien,
aseguran en Perú, recibió mucho apoyo de López Obrador a través de Morena en
especie, recursos económicos y humanos, en un afán de erigirse como líder e impulsor
de la izquierda en América Latina.
A pesar de que la elección fue el pasado 12 de abril, los resultados (polémicos) están
por darse a conocer, de pasar a la segunda ronda, Sánchez, el candidato de izquierda
contaría con más apoyo logístico y económico de Morena y el gobierno mexicano, para
impulsar su triunfo ante “La China” Fujimori, según se comenta en la atmósfera política
peruana.
En Colombia, el activismo mexicano no fue menos evidente. Durante la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales de 2022, el mandatario mexicano emitió comentarios
públicos que fueron interpretados con justa razón por sectores de la sociedad
colombiana como una intromisión indebida para favorecer a Gustavo Petro.
La política exterior no puede ser tratada como un foro de activismo militante ni como
una extensión de las preferencias partidistas del gobernante en turno. Inmiscuirse en
los comicios de otro país daña la confianza institucional, debilita los lazos comerciales y
proyecta una imagen de arrogancia regional que los mexicanos no respaldan en su
mayoría.
Bajo la justificación de defender los derechos humanos y la autodeterminación, el
gobierno mexicano aplicó un doble rasero que debilitó su propia autoridad moral.
Cuando las acciones de un líder afín a su ideología son cuestionadas por las
instituciones de su propio país, la diplomacia mexicana reacciona con hostilidad.
El saldo de este periodo es un precedente de polarización diplomática y el deterioro de
la imagen de México en América Latina. Para recuperar el prestigio internacional, es
imperativo que México regrese a los principios de pragmatismo, prudencia y estricto
respeto a la soberanía, dejando atrás las intervenciones ideológicas que solo sirven
para dividir a la región.
Colombia tiene elecciones presidenciales en menos de un mes (31 de mayo) y el
comentario constante es el mismo: Morena y el gobierno mexicano están metidos hasta
el tuétano con el gobierno de Gustavo Petro para ayudar al triunfo del candidato Iván
Cepeda. Igual se menciona que es con apoyo logístico y financiero para ayudar a que
la izquierda retenga el poder en Colombia.
¿Cómo van a justificar, desde la presidenta Sheinbaum hasta cierta senadora, las
intervenciones mexicanas en Perú y Colombia? Las van a negar, sin duda, con el
cinismo que caracteriza a Morena, pero los vuelos a Lima y a Bogota van llenos de
mexicanos y mexicanas que no van por turismo sino a tareas políticas que presumen
en las salas VIP del Jorge Chávez y El Dorado, según comentan en ambas naciones
de América del Sur.
Sostener que no debe existir injerencia extranjera en México mientras, al mismo
tiempo, se justifica la intervención en los procesos políticos de otros países para
favorecer movimientos afines, refleja una profunda contradicción y hipocresía
diplomática.
ESPRESSO COMPOL
La soberanía y el principio de no intervención no pueden aplicarse de manera selectiva
según la conveniencia ideológica. Exigir respeto absoluto a la autodeterminación
nacional frente a potencias extranjeras, mientras se promueve el activismo político
desde el gobierno o el partido en naciones como Perú o Colombia, vulnera los
cimientos de la doctrina diplomática mexicana y debilita su autoridad moral en el
escenario global. Una postura congruente exige que el respeto a la soberanía sea una
regla universal: no intervenir en los asuntos de otros países, de la misma forma en que
se exige respeto para los propios.
