Redacción Sentido Común
Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, desmantelaron cinco laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y localizaron un terreno con metanfetamina en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación.En El Saucillo, Jalisco, se localizó un laboratorio clandestino. Ahí se aseguraron 600 kilos de producto terminado, 750 litros de precursores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas y material diverso para elaborar drogas sintéticas.Posteriormente, en recorridos de disuasión en inmediaciones de El Capomo, Nayarit, se localizaron 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida. Este aseguramiento está relacionado con Audias “N”, alias “El Jardinero”, señalado como operador de alto nivel de un grupo criminal.En el poblado de Corralejo, Sinaloa, se ubicó un laboratorio clandestino. Se aseguraron 1,500 litros de producto terminado, 2,500 litros de precursores químicos, 3,100 litros de sustancia de uso dual, 1,200 kilos de sosa cáustica y herramientas para la elaboración de narcóticos.En Corral Viejo, Sinaloa, se desmantelaron tres laboratorios. En el primero se aseguraron 1,250 litros de producto terminado y mil kilos de cloruro de amonio, además de ollas de peltre, tinas y medios tambos. En el segundo se hallaron 500 litros de ácido acético, 1,500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de sustancias de uso dual. En el tercero se localizaron mil kilos de producto terminado, de los cuales 400 estaban en proceso de secado y 600 en cocimiento, además de 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica, 440 kilos de ácido tartárico y accesorios de trabajo.En total se aseguró más de una tonelada de metanfetamina, casi 10,000 litros de precursores químicos y más de siete toneladas de diversas sustancias químicas y producto en proceso. Todo el material fue inhabilitado para evitar su reutilización y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación.La afectación económica estimada a la delincuencia organizada supera los 650 millones de pesos.
