Rubén Aguilar Valenzuela
La presidenta Sheinbaum Pardo asegura, en sus comparecencias mañaneras, que en el país todo está bien, esto a partir de ignorar la contundente realidad o francamente querer autoengañarse. Son muchos los datos que señalan que el país no va bien, y así también lo percibe la sociedad.
Uno de ellos es que no se detiene el asesinato de periodistas. El pasado 16 de julio fue asesinado el quinto periodista en lo que va de este año, se trata de Josué Martínez, director de Noticias de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, y también docente, abogado y activista social.
Antes han sido asesinados, Carlos Castro, el 8 de enero, en Poza Rica, Veracruz, reportero del portal Código Norte; Roxana Rivera, el 2 de junio, en Nanchitlán, Veracruz; Luis Ángel López, el 11 de junio, en Poza Rica, Veracruz, reportero de nota roja del periódico Vanguardia, que tenía medios cautelares de la Comisión para la Protección de Periodistas; Alex Serna, el 5 de julio, en Zihuatanejo, Guerrero, también activista a favor del medio ambiente.
El 30 de junio fue atacado, el periodista Carlos Ramos, de la página informativa Real Cintapalpa, Chiapas, que sobrevivió a los disparos de bala, y ahora está fuera de peligro. En lo que va del año México es el país de América Latina con el mayor número de periodistas asesinados, y el segundo a nivel mundial, después de Líbano, donde suman nueve.
Leopoldo Maldonado, recién nombrado relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que en México, se observa una “diversificación de las agresiones. Siguen existiendo amenazas, violencia física y asesinatos, pero también ha aumentado el hostigamiento público, la descalificación y el acoso judicial” (El Universal, 15.07.26).
En su visión, México tiene un enorme reto, “lo primero es reconocer la magnitud del problema. No podemos asumir que se trata únicamente del crimen organizado. Hemos visto casos donde las fronteras entre actores criminales y agentes estatales son muy difusas. También se requiere voluntad para avanzar en las investigaciones, fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar procesos independientes y profesionales”.
El funcionario considera que en la actual presidencia de México “se observa una disminución significativa del discurso estigmatizarte respecto a años anteriores. Sin embargo, ahora es necesario dar un paso más: enviar mensajes claros sobre la importancia de la prensa para la democracia, reconocer públicamente su valor y fortalecer una cultura de respeto al escrutinio público”, y también dice que las autoridades “deben entender el valor democrático de la libertad de expresión y aceptar la crítica, incluso aquella que resulta incómoda”.
La sociedad civil, asegura Maldonado, “puede ser crítica, pero tiene una experiencia acumulada muy importante y llega a lugares donde muchas veces el Estado no logra más que verla con sospecha, debería verse como una aliada para enfrentar problemas relacionados con los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión”.
