Redacción Sentido Común
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) emitió un comunicado en respuesta a la nota publicada en la primera plana del periódico Reforma, en la que se cuestionan los salarios de sus funcionarios. El organismo afirmó que dicha publicación busca confundir a la opinión pública y explicó que, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos encabezados por el PRI y el PAN, las percepciones actuales se han ajustado conforme a las políticas de austeridad implementadas desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y reforzadas bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Mediante un comunicado el Infonavit detalló que el sueldo actual del director general equivale al de un subsecretario de Estado del Gobierno Federal, eliminando además los bonos que antes se otorgaban a funcionarios de alto nivel. Actualmente, el salario bruto del titular del Instituto asciende a 185 mil 825 pesos mensuales, lo que, tras impuestos, resulta en un ingreso neto aproximado de 120 mil pesos, cifra similar a la percibida por los directores generales del IMSS y PEMEX.
Asimismo, el Instituto informó que, con la reforma a la Ley del INFONAVIT de marzo de 2025, se homologaron los sueldos de los funcionarios con los del Gobierno Federal y se redujo la estructura organizacional. Entre las principales medidas destacan la eliminación de las Direcciones Sectoriales, la supresión de bonos de desempeño y del pago por asistir al Consejo de Administración, así como la reducción del salario que anteriormente percibía el Secretario General del Sindicato, el cual superaba los 314 mil pesos mensuales.
Finalmente, el INFONAVIT destacó los avances en su nueva política social, orientada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Actualmente, el Instituto trabaja en la reestructuración de casi cinco millones de créditos impagables y en la construcción de un millón 200 mil viviendas, de las cuales 245 mil ya están en obra. Estas casas estarán destinadas a derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos, incluyendo jóvenes con seis meses de cotización, garantizando así el acceso a una vivienda digna, cercana a servicios y espacios comunitarios, bajo los principios del humanismo mexicano.
