Daniela Gurrola
El abogado Cristian Montenegro Chairez se convirtió en mujer legalmente para no pagar pensión alimentaria.
En Durango, un caso que parece sacado de la ficción encendió la alerta sobre cómo el sistema de justicia puede ser utilizado no para proteger, sino para violentar.
Gloria Valentina, psicóloga y madre de una niña de cuatro años, lleva más de cuatro años con su vida judicializada, entre denuncias, audiencias y procesos que avanzan o se detienen de manera inexplicable. El agresor: su ex pareja, el abogado Cristian Montenegro, quien legalmente cambió su identidad de género en medio del conflicto familiar.
El punto crítico llegó cuando, durante una audiencia, él presentó una nueva acta de nacimiento que lo acredita como mujer, solicitando ser atendido con “perspectiva de género”, justo cuando se discutían temas de custodia, violencia familiar y pensión alimentaria.
“Cuando yo pedí perspectiva de género como víctima, él respondió que también era mujer. El juez guardó silencio. No supo qué hacer”, relata con voz temblorosa Gloria.
Ese silencio institucional tuvo consecuencias: ella fue vinculada a proceso, mientras él evitó responsabilidades parentales. La historia continúa.
