Dr. Abel Ortiz Prado
El endeudamiento público es una herramienta legítima contenida en nuestra carta magna y demás legislación secundaria, y por supuesto necesaria en la administración de la hacienda pública. Lejos de representar un acto de irresponsabilidad, la deuda bien gestionada permite a los gobiernos cubrir necesidades urgentes de infraestructura, servicios y desarrollo social que no podrían atenderse únicamente con los ingresos fiscales ordinarios. Su uso racional y sustentable implica destinar los recursos obtenidos por esta vía al financiamiento de proyectos públicos productivos o de alto impacto social, cuyos beneficios sociales a largo plazo superen los costos en un 12% por lo menos -incluido por supuesto el del endeudamiento- que es a lo que equivale la tasa interna de retorno social sugerida por la SHCP -de ahí la pertinencia del estudio de evaluación social al que se refiere la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, para la ejecución de proyectos con monto igual o superior a 10 millones de UDIs-. Entre sus ventajas destacan la posibilidad de suavizar las fluctuaciones económicas, impulsar el crecimiento económico y el empleo, y mejorar la “calidad de vida” de la población, que es la “misión” de todo gobierno. Comprender el contexto y la lógica detrás del endeudamiento público es fundamental para evaluar si su uso es prudente, sostenible y justificado desde una perspectiva del interés público, sobre todo cuando la ciudadanía percibe que la deuda pública ha perdido su rumbo. La deuda no es, en sí misma, buena o mala: su impacto depende del propósito que la motiva, la eficiencia en su ejecución y la transparencia con la que se maneja. En este sentido es importante destacar que al cierre del 2024 solo 10 estados destinaron mas del 50% para inversión pública productiva -como se aprecia en el gráfico-, el resto lo destinaron a “gasto corriente” con excepción de Nayarit que más de $ 4,700 mdp de su deuda se explican por reestructuración de saldos anteriores.
En un entorno democrático, la definición de la política de deuda pública no debe quedar solo en manos de técnicos y legisladores ya que requiere el involucramiento de la sociedad, dado que conlleva riesgos significativos que a todos afecta por igual cuando se utiliza sin una planeación rigurosa, o se destina al gasto corriente en lugar de inversión pública productiva como ha estado ocurriendo en los tres órdenes de gobierno. Un uso irresponsable compromete la salud financiera del gobierno, genera presiones fiscales futuras y desplaza recursos que deberían destinarse a la cobertura de servicios públicos prioritarios. -equipos médicos y medicinas en el sector salud; muy sentida su ausencia en tiempos actuales, al igual que los insumos necesarios en el sector educativo y el equipamiento y capacitación policial en el caso de la Seguridad Pública-. El sobreendeudamiento limita la capacidad de maniobra de las administraciones presentes y futuras, y puede derivar en crisis de confianza que afecten la inversión, el empleo y el bienestar general. Por ello, es fundamental evaluar continuamente la sostenibilidad de la deuda. Hoy más que nunca, es clave analizar si la deuda está generando crecimiento económico y desarrollo social o simplemente está aplazando los problemas estructurales.
Al cierre de marzo de 2025, la deuda del Gobierno Federal ascendió a 15.52 billones de pesos, equivalente al 49.2 % del PIB. Una proporción sostenible a juicio de la SHCP, mientras que, en el ámbito subnacional, las entidades federativas, municipios y sus respectivos entes públicos reportaron una deuda consolidada por $ 695,896.6 mdp, cifra que representa una disminución del 5.5% con relación al cierre del 2024. Según el reporte de la SHCP, 5 entidades federativas concentran el 54.4% de la deuda subnacional: Nuevo León, CDMEX, Estado de México, Chihuahua, y Veracruz. En el indicador de la deuda como proporción del PIBE -el más representativo- destacan Chihuahua y Quintana Roo por presentar una deuda del 4.4%, seguidos de Nuevo León (4.1%); Chiapas (3.7%) y Veracruz con un 3.5%. En este escenario la deuda de Nayarit -sin considerar a municipios ni entes públicos- asciende a $ 6,716 mdp -muy por debajo del promedio nacional de $21,746.8 mdp- y representa el 1.06% del total nacional y el 3.4% del PIBE, mientras que en otros indicadores se ubica como sigue: Deuda percápita $ 5,564.20, Deuda como % de los Ingresos Totales 24.7%, Deuda como % de las Participaciones Federales 58.4%, Tasa de interés ponderada 10.1% -la 4º más alta a nivel nacional, Chiapas con el 8.2% paga la más baja- Vencimiento promedio 13.8 años, % de participaciones otorgadas en garantía 39.7% Solo el 3.5% fue destinado a inversión pública productiva y $ 1,685.0 mdp tiene vencimiento a corta plazo. La vigilancia social y la participación informada son esenciales para garantizar que el endeudamiento no se convierta en una carga irracional para futuras generaciones.
[email protected]. Académico, Consultor en Finanzas, Administración Pública y Asociaciones Público-Privadas.
