Redacción Sentido Común
A pocos días de realizarse la primera elección popular de jueces en México, especialistas y organismos internacionales han advertido que la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum podría representar más problemas que beneficios para el sistema de justicia. Señalan que esta medida comprometería la independencia judicial, al exponer a los jueces a influencias políticas y presiones de la opinión pública.
Adriana García, investigadora del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, advirtió que la elección directa podría llevar a decisiones judiciales guiadas por intereses partidistas más que por el respeto a la ley. En el mismo sentido, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados expresó preocupación por la posibilidad de que esta reforma mine la imparcialidad judicial.
El proceso, que contempla la elección de más de 2,600 cargos —incluidos ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales y locales— ha generado un intenso debate. Mientras el gobierno lo presenta como un paso hacia la democratización del poder judicial, organizaciones civiles y analistas consideran que podría debilitar los contrapesos institucionales, al permitir mayor injerencia del poder político.
La incertidumbre sobre la participación ciudadana y la falta de información sobre los aspirantes también han despertado dudas sobre la legitimidad del proceso. Encuestas recientes indican una baja intención de voto, y la aparición de listas de “candidatos recomendados” ha generado críticas sobre la transparencia. Diversas voces han llamado incluso a boicotear la elección, calificándola como un retroceso democrático.
