Redacción Sentido Común
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 20 de enero de 2025 busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un principio consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. De acuerdo con esta nueva medida, solo podrían obtener la ciudadanía automática los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres que sean ciudadanos o residentes permanentes legales.
La propuesta ha generado una fuerte polémica al intentar modificar un derecho históricamente garantizado a todos los nacidos en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus progenitores.
Según un informe del Migration Policy Institute, esta orden afectaría a aproximadamente 255,000 bebés cada año, quienes quedarían en riesgo de convertirse en apátridas. Además, el estudio advierte que si la medida se implementa, podría aumentar la población indocumentada en el país en millones para el año 2075, lo que tendría graves implicaciones sociales y económicas.
Diversos tribunales federales ya han bloqueado la orden, argumentando que el presidente no tiene facultades para modificar la Constitución por decreto. No obstante, el caso ha escalado hasta el Tribunal Supremo, que el 15 de mayo escuchó los argumentos clave de ambas partes en una audiencia que podría definir el futuro de esta política migratoria.
Se espera que el Tribunal emita un fallo antes del receso de verano, una decisión que no solo impactará a cientos de miles de familias cada año, sino que también podría redefinir la interpretación constitucional sobre los derechos de ciudadanía en Estados Unidos. La resolución marcará un precedente histórico en el debate migratorio del país.
