Redacción Sentido Común
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHA) emitieron una acción urgente en la que demandan la inmediata solución a la escasez de agua, alimentos y medicamentos en los penales mexiquenses, condición que se ha agudizado en lo que va del año.
“En los penales del Estado de México se incrementaron las violaciones de los derechos humanos, específicamente el derecho a la alimentación y salud, los actos de tortura, asesinatos, extorsiones y cobros, con total impunidad, ante la complicidad estructural de servidores públicos”, expusieron.
Desde principios de 2024, indicaron, la escasez y el desabasto de alimentos es la constante en los reclusorios de Chalco, Barrientos, Chiconautla, Texcoco, Santiaguito, Tenancingo, Tenango y Sultepec.
En Texcoco, Chalco, Barrientos, Neza-Bordo y Chiconautla, refirieron, familiares de las personas privadas de la libertad denuncian que a sus internos se les suministran albóndigas de soya mal cocidas, queso con mortadela y trozos de salchichas, en raciones que representan una cuarta parte de una pieza de pollo; y pocas veces les complementan, también en pequeñas porciones, con arroz y frijoles.
A las visitas solo les permiten ingresar un guisado y una porción de arroz no mayor de 1 kilo, 2 o 3 naranjas y 2 plátanos, pero los internos deben consumir todo en ese momento porque no pueden guardar nada.
Los jóvenes olvidados, conocidos internamente como “niños de la calle”, se cuelan al área de invitados para que otras PPL les regalen la comida que les sobra, mientras los internos de la tercera edad “se ven en la necesidad de buscar alimentos en los desperdicios que se encuentran en los botes de basura” porque nadie los visita.
En Chalco, los familiares manifiestan que la comida se sirve después de las 16:30 horas, las porciones son pequeñas y consisten en pollo y pescado en estado de descomposición, lo que ocasiona que los detenidos se enfermen del estómago con frecuencia. En Chiconautla, declaran que cuando les dan pescado, las PPL se enronchan porque se encuentra en mal estado, y las pequeñas raciones con frecuencia motivan riñas entre internos en el afán de obtener un poco de comida.
A este fenómeno, refieren, se suma la escasez de agua, vital para el consumo humano, sobre todo en época de calor, lo que les provoca deshidratación.
En el Penal de Otumba, indican, se replican ambos fenómenos, pese a estar certificado; adicionalmente, los familiares denuncian que tampoco hay medicamentos para atender las enfermedades que padecen, y los médicos y enfermeros discriminan a los enfermos crónico-degenerativos. Son los parientes de las PPL quienes deben comprar el cuadro básico de medicinas, prótesis, estudios de laboratorio y de imagen, etc, pero los medicamentos son robados por el personal de custodia, con la complicidad de los directores de los penales y personal médico, y vendidos por otros internos al interior de los centros de reclusión.
Además, enfermedades que se consideraban erradicadas, como la tuberculosis, hepatitis y sarampión, repuntaron; y no hay atención médica para las mujeres con cáncer, hipertensión, diabetes, etc.
“Ante este contexto de violaciones sistemáticas a las PPL, solicitamos que se garantice el abasto de agua y comida, su derecho a la salud y el cumplimiento irrestricto de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)”, enfatizaron.
Estas asociaciones defensoras de los derechos humanos advierten que familiares de personas privadas de la libertad (PPL) -muchas recluidas sin pruebas para ser sentenciadas, o con condenas surgidas de carpetas fabricadas, de la tortura, violaciones al debido proceso o a las garantías individuales- han manifestado su preocupación por la escasez de agua potable, comida y medicina al interior de los penales del Estado de México.
Ambas organizaciones recordaron que el presupuesto del Estado de México para reinserción social en 2023 fue de 3 mil 927 millones de pesos, y para 2024 es por 4 mil 020 millones. No obstante, la crisis alimentaria en las cárceles mexiquenses se ha agudizado.
Esta acción urgente tuvo copia para el presidente de la República, la secretaria de Gobernación; Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la gobernadora mexiquense; el secretario General de Gobierno del Estado de México; la presidenta de la Comisión estatal de Derechos Humanos (Codhem), Myrna García Morón; el fiscal general de Justicia del Estado de México; Tania Reneaum Panszi, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y para Jesús Peña Palacios, representante adjunto y oficial a cargo de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
