Abel Ortiz Prado
De acuerdo con los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2020, en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación, se proyecta que la recaudación federal participable a entidades federativas y municipios ascenderá a 3 billones 389, 084.3 millones de pesos, la cual resulta superior en 124,261.9 mdp a la estimación considerada para el presente ejercicio fiscal. Por lo anterior, su crecimiento estimado se traduce en un 3.81% en términos nominales, porcentaje al que si le quitamos el factor inflacionario prácticamente estaremos hablando de cero crecimiento real, por lo que es recomendable que las Entidades Federativas y los Municipios sean muy cautelosos y prudentes en la proyección de sus ingresos, ya que las Participaciones y Aportaciones Federales que se distribuyen con base en este indicador, representan entre el 90 y 95% de los ingresos totales. También resulta pertinente recordar que en este ejercicio fiscal, la SHCP tuvo que recurrir al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para disponer de 120 mil millones de pesos para compensar la baja en los ingresos fiscales reales comparados con la estimación original, importe que por cierto resulta muy similar al crecimiento estimado de la RFP para el próximo año. En su presentación en la Cámara de Diputados, el Secretario de Hacienda manifestó que el crecimiento en el ingreso fiscal se sustenta en un incremento en la eficiencia recaudatoria del SAT, aspecto que se requiere replicar con responsabilidad y estrategia en los gobiernos locales.
El crecimiento del Producto Interno Bruto proyectado en los criterios generales de política económica se ubica en rangos de entre 1.5 y 2.5%, el cual pudiera parecer muy optimista en una primera apreciación, sobre todo si consideramos que al cierre del presente año se proyecta alcanzar solo el 0.6% y que del gasto público para el próximo año, el 60% se destinará para las transferencias federales a entidades y municipios, pago de pensiones y de deuda pública y su servicio, lo que deja un margen muy reducido para el gasto de inversión que es el que mayor impacto tiene en el crecimiento económico y en la generación de empleo que es uno de los principales objetivos de un gobierno, -por encima del equilibrio de sus finanzas públicas- en donde dicho sea de paso, hemos registrado una preocupante caída en los últimos meses. En este escenario, ante la falta de recursos fiscales, es importante incorporar al capital privado en la consecución de los proyectos de infraestructura del interés público, a través de la figura de las Asociaciones Público Privadas, estrategia que impone la necesidad de generar certeza jurídica y confianza en los mercados. Por su parte la tasa de crecimiento del PIB hacia el interior de los Gobiernos Subnacionales marca el límite para la determinación de la asignación de los recursos para el capítulo 1000 de los Servicios Personales, que es el que mayor peso tiene dentro del gasto corriente.
En el 40% restante del presupuesto federal, se prioriza el gasto en Bienestar Social, en Seguridad Pública y en Apoyos Fiscales a Petróleos Mexicanos por el orden de los 86,000 millones de pesos. También se incluye la cantidad de 3,000 mdp para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la CDMEX y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función.Específicamente para Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios se etiquetan en el proyecto de presupuesto $ 944,270,581,001.00 a través del Ramo 28 y $ 759,383,860,180.00 Aportaciones Federales en el Ramo 33.
En los primeros hallazgos, a reserva de conocer los anexos del presupuesto, para el estado de Nayarit se identifican las siguientes asignaciones federales: 1.- Para conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera y caminos $ 230,812,962 mdp de los cuales $ 161,255,961 mdp son para conservación de carreteras y $ 69,557,001 para conservación de carreteras rurales y caminos alimentadores. 2.- Subsidios para organismos descentralizados estatales $ 1,477,029,721 y, 3.- Subsidios para el programa hidráulico $ 65,871,389 de los cuales $ 49,311,118 son para agua potable y 16,560,271 son para actividades hidroagrícolas.
