Redacción Sentido Común
En México, poseer loros, pericos o guacamayas sin documentación oficial es un delito ambiental penado con hasta nueve años de prisión y multas superiores a 746 mil pesos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intensificó en 2025 los operativos contra el tráfico de aves silvestres debido al riesgo de extinción que enfrentan 18 de las 22 especies nacionales.
La Ley General de Vida Silvestre prohíbe la tenencia de psitácidos capturados en vida libre, permitiéndola solo si el ave proviene de criaderos registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para que su tenencia sea legal, debe contar con factura de Unidad de Manejo Ambiental, anillo cerrado o microchip y registro ante autoridades federales.
Las personas que compran estas aves en mercados, redes sociales o a vendedores callejeros también cometen un delito, aunque desconozcan la ilegalidad. Las autoridades recomiendan no regalar ni vender al ave, evitar su exhibición en redes sociales y contactar a Profepa para su entrega voluntaria.
