Comunicación para el Bienestar
El escándalo ocasionado por la designación del historiador Pedro Salmerón como candidato a ocupar la embajada mexicana en la República de Panamá ha ocupado los titulares de la prensa mexicana e internacional. Y es que la nominación del académico nació muy dañada ante los problemas de acoso sexual que carga bajo sus hombros, sobre todo en su paso como docente universitario. El tema, desde un principio, fue minimizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no ha dejado de asumirlo como un asunto mediático sin sustento jurídico alguno, por lo que ha respaldado la figura del historiador.
El destino final de Salmerón salía de las manos del presidente y dependía de la cancillería panameña quien decidió rechazar la propuesta ante la manifiesta inconformidad del mandatario mexicano quien, a consecuencia de esto, propuso a la senadora suplente Jesusa Rodríguez como nueva candidata a embajadora.
Aclaremos entonces, y sirva el caso de Pedro Salmerón para ejemplificarlo, que es necesario identificar que en este tipo de temas se juegan dos cosas que, aunque la confusión de la posmodernidad intenta hacerlas pasar por lo mismo, en realidad se trata de temas muy distintos; por un lado, la violencia contra la mujer y, por la otra, el activismo de género.
De acuerdo con varios estudios si se le pregunta a la población su opinión sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la mayoría lo apoya, sin embargo, al preguntarles su posición respecto al activismo de género, casi todos están en contra.
Claro que la violencia contra la mujer es una conducta condenable moral y judicialmente, sin embargo, consideramos que el activismo de género transita en actos de relaciones públicas que han llevado a la legislación propuestas benéficas, como la despenalización del aborto, sin embargo, hay otras que, paradójicamente, quiebran la igualdad entre el hombre y la mujer, como la insuficiente discusión sobre el concepto jurídico del feminicidio. Sobre esto último, hay que recordar el escarnio público al que fue sometido Alejandro Gertz Manero cuando propuso eliminar el tipo penal de feminicidio, el fiscal general fue víctima de la política de la censura y no le dejaron exponer sus argumentos y evidencias. Limitaciones a la libertad de expresión que resultan muy perjudiciales para las sociedades democráticas.
En Comunicación para el Bienestar no metemos las manos al fuego por Salmerón ni por las mujeres que lo han acusado porque no es nuestro papel, no nos consta, ni tenemos pruebas. Por lo que apostamos es por una revisión y discusión seria de la violencia de género y de políticas públicas que ataquen, como dice el presidente López Obrador, a las causas, pero a las verdaderas causas que atraviesan por la pobreza generalizada, la falta de bienestar, la falta de oportunidades y libertades, no en el argumento universal del modelo patriarcal, no porque no sea real, falta discutirlo, sino porque al asumirse como la única verdad se le coloca en un lugar predominante por encima de otros problemas que, además, se invisibilizan. Otra vez la política de la censura.
La crisis de la imagen y de relaciones públicas del activismo de género tiene que ver con las diferentes arbitrariedades que se han presentados y a la superficialidad de la idea de una conspiración heteropatriarcal que ve a todas las mujeres como víctimas y a todos los hombres como victimarios, además que da por hecho la superioridad moral de las mujeres al considerarlas incapaces de mentir…
Pero, como dice la feminista Rebeca Argudo, el actual activismo de género no puede pelear con una mano contra un Estado opresor y heteropatriarcal y con la otra pedir su protección y tutela, porque ello es una revictimización de la mujer. Además, deja fuera la posibilidad de que mujeres poderosas, inteligentes y muy valiosas que se desempeñan en todas las áreas de la vida pública, tengan una voz fuerte e influyente porque son acusadas de hablar desde una posición de privilegio. El activismo se convierte, entonces, es un asunto corporativista y no en una búsqueda real de la igualdad.
Los hechos concretos de violencia de género deben discutirse en los términos que la justicia provee, es decir, todo acto debe ser denunciado, investigado y sentenciado. Pero estos juicios deben realizarse en los juzgados, no en el escarnio mediático. Los medios de comunicación deben ser prudentes y apegarse a la legislación que protege la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, saben bien que ser acusado o denunciado no significa ser culpable y que, mientras no exista sentencia, suponer lo contrario también sugiere una violación a la ley.
Vayamos pues por discusiones sin censura ni descalificaciones, con privilegio al argumento, sin temor a las transformaciones de fondo y con la certeza de que la violencia contra hombres y mujeres puede ser disminuida, siempre y cuando se ataquen las causas, las verdaderas causas.
