Fabiola Lara García
La estigmatización de periodistas y personas defensoras, y la impunidad en la mayoría de los crímenes contra este gremio, impacta negativamente la posibilidad de participar en los asuntos públicos, dijo el representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Guillermo Fernández-Maldonado.
Existe una gran preocupación social por la represión de manifestaciones, en particular cuando se trata de movilizaciones organizadas por mujeres y disueltas por cuerpos de seguridad de entidades federativas y municipales. Para la ONU, en México, las mujeres defensoras y periodistas enfrentan el riesgo de vivir violencia de género, como violencia sexual.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organizó una charla virtual para escuchar a 20 organizaciones mexicanas e internacionales, quienes expusieron los ataques a la libertad de expresión y de asociación que se se viven en el país.
En la audiencia virtual, las organizaciones civiles proyectaron un video con declaraciones de funcionarios públicos, entre ellos Andrés Manuel López Obrador; el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta; el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca; el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, entre otros, quienes han descalificado y criminalizado a periodistas, medios y personas defensoras.
Guillermo Fernández-Maldonado, recordó que las relatorías de la ONU han señalado que México es uno de los países más peligrosos para las personas defensoras y periodistas. Además, destacó que la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y diversos Procedimientos Especiales de la ONU han señalado que la violencia en el reciente proceso electoral impacta negativamente en el derecho de asociación y la posibilidad de participar en los asuntos públicos.
Además, destacó que otros aspectos que contribuyen a esta situación son la impunidad y los ataques, agresiones y declaraciones estigmatizantes hacia personas defensoras. Por ejemplo, en la audiencia las organizaciones expusieron que el presidente López Obrador constantemente afirma que “la sociedad civil se quedó callada mientras ocurrían violaciones a Derechos Humanos”, “la sociedad civil es opositora” o que “la sociedad civil es conservadora”.
Entre las recientes movilizaciones de mujeres dispersadas por autoridades de gobierno en 2020 están la del 22 de agosto en León, Guanajuato; la del 10 de septiembre en Culiacán, Sinaloa; la del 10 de septiembre en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México; la del 11 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México; y la del 28 de septiembre, en la Ciudad de México; y la del 9 de noviembre en Benito Juárez, Quintana Roo, donde incluso la policía disparó con armas de fuego a las asistentes.
Además, este 2021, la marcha feminista del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México dejó al menos 81 mujeres heridas, 62 policías y 19 civiles, según los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital. En esa movilización la policía arrojó gas lacrimógeno a las asistentes y hubo 16 agresiones contra periodistas cubriendo la marcha.
Destacó que algunas medidas que pueden contribuir a cambiar esta situación son fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desarrollar una política pública integral y nacional para generar condiciones para ejercer de manera libre y segura el derecho a defender Derechos Humanos y la libertad de expresión.
Nos falta mucho por hacer en la materia.
