Jaime Cervantes Valdez
Muy fieles a su estilo de vivir y hacer la política, la huelga que ayer al filo del mediodía estalló en la Universidad Autónoma de Nayarit es un reflejo mismo de sus problemas: una acción colectiva carente de toda autocrítica que coloca el discurso romántico de la unidad total por encima del discurso reivindicativo que refleje los verdaderos problemas de la universidad. Así, al unísono con la consigna de “¡Todos somos UAN!” se suprime cualquier voz que cuestione el por qué de la actual crisis.
El discurso se comprende, evita el conflicto interno de acusaciones mutuas, que sin duda serán bastantes, para dirigirlo muy forzadamente hacia un enemigo común. Sin embargo, después de leer y escuchar a los actores principales de esta huelga me sigo preguntando ¿Quién es el enemigo común a vencer? O de forma políticamente más correcta ¿Contra quién está conjurada la huelga y qué busca en sí?
Si va dirigida a la parte patronal que representa la rectoría, estaríamos hablando de un haraquiri en toda la extensión de la palabra pues se debe olvidar que los sindicatos, y extrañamente la federación estudiantil, tienen voz y voto en un consejo general universitario –máximo órgano de gobierno- que tiene por característica particular el consenso casi totalitario en la toma de decisiones. Ahí se aprueban y supervisa la aplicación del prepuesto general, los planes de desarrollo institucional, la normatividad interna, el órgano de control, entre otras más. Por lo tanto dirigir la huelga contra la misma casa de estudios es una huelga contra sí mismos.
Y si, por el contrario, va dirigida a los gobiernos federal y local para aumentar los presupuestos de la máxima casa de estudios para salir el 2019 y subsistir el 2020, habrá entonces primero que generar verdaderas acciones de cambio en su interior: Modificar la estructura orgánica que aligere la carga burocrática, una renegociación de los contratos colectivos de trabajo más acorde a los tiempos actuales, una reforma política de gran calado que limite los vicios que en su interior se han generado en los últimos 30 años y claro, denunciar y sacudirse de aquellos que llevaron a la universidad a la situación actual y, que todavía se encuentran dentro de sus filas, y que aún la siguen dirigiendo.
Porque seamos claros, más allá del relato romántico con el que en las últimas semanas desde los sectores universitarios nos han bombardeado en defensa de la educación pública o el papel de la UAN en el desarrollo local -algo que por cierto, nadie niega- la realidad es que nuestra máxima casa de estudios es no sólo una de las 10 universidades públicas en el país con problemas financieros, sino que, además, es la que más problemas tiene. Tan es así, que de los 16 mil millones que en conjunto requieren estas universidades para saldar la crisis, más de 2 mil tendrían que ser inyectados en nuestra universidad, que no es la mayor de esas 10, ni en matrícula, ni en programas académicos.
Habrá que entender que esta crisis, repito, la mayor de entre las universidades públicas del país, no fue obra de la casualidad sino de la causalidad misma devenida desde su interior: Contratos colectivos de trabajo que ya quisiera el SUTSEM; falta de previsión social para un fondo de ahorro para el retiro que hoy la ahorca; dispendio discrecional de recursos públicos para financiar a la federación estudiantil cual si fuera un sindicato más; falta de flexibilidad en la estructura académica que hace que está cada día sea mayor, y la joya de corona: aferrarse a mantener dentro de la “gran familia universitaria” al sistema de preparatorias para la cual no hay, ni habrá, asignación presupuestal.
La lógica de la Secretaría de Hacienda es simple ¿Por qué una institución de educación universitaria, sostenida con partidas presupuestales para tal fin, está erogando su recurso en los niveles media superior, secundaria, primaria y hasta en un Centro de Desarrollo Infantil? La gran solución para el gran problema ya se las dieron: Regularizar el sistema de preparatorias y migrarlo a un subsistema dentro de la Secretaría de Educación Pública manteniendo la figura de preparatorias incorporadas, tal como la mayoría de las universidades –como la UdG, por ejemplo- ya lo hacen.
La objeción, comprensible también, es que al pasar de un sistema al otro se podrían, con una mala negociación, perder los derechos laborales adquiridos, eso y, claro, la pequeña nimiedad si quieren llamarle así, de perder el control sobre un pastel de 14 unidades académicas distribuidas en 12 municipios, más de 600 plazas docentes y otras más en un número similar de plazas administrativas que históricamente se otorgan a discreción, siempre bajo el discurso sí, de unidad.
Al final la UAN, más allá de la histórica huelga universitaria que hoy vive, tendrá que replantearse primero su papel en la vida pública de nuestro estado, segundo su reestructuración total en su régimen interior, y por último, los cambios reales –más allá del ahorro de combustible, de papel o la colocación de checadores que para poco o nada sirven- que le permitan su supervivencia para que siga siendo motor en nuestro estado los próximos 50 años… Ahora sí #TodosSomosUAN.
