Dr. Abel Ortiz Prado
Cada día más empresas se vinculan a plataformas digitales y/o aplicaciones electrónicas por medio de las cuales se ofrecen servicios de intermediario, promotor, facilitador, o cualquier otra actividad análoga que permite y facilita a los usuarios contar con servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal en inmuebles particulares, como opción adicional al tradicional servicio de hotelería. En este escenario, la falta de una regulación fiscal a este sector de la oferta de hospedaje impone una competencia desleal entre hotelería formal y propiedades particulares, por lo que surge la necesidad de la implementación de estrategias y reformas legales que regulen y fortalezcan la recaudación del Impuesto al Hospedaje bajo principios de generalidad y equidad. Este gravamen de carácter local surgió en México en la década de los noventas, encontrando su fundamento legal en las Leyes de Hacienda, y Códigos Financieros y/o Fiscal de las Entidades Federativas. Por su naturaleza, se le considera un impuesto “indirecto” ya que se le retiene al turista o viajero por parte del prestador del servicio, siendo este último el obligado a declararlo y enterarlo a las autoridades fiscales.
Este impuesto en términos generales grava los servicios de hospedaje proporcionados a través de hoteles, moteles, albergues, posadas, mesones, hosterías, campamentos, paraderos de casas rodantes y otros establecimientos que presten servicios de esta naturaleza, sin incluir en su origen los servicios de hospedaje prestados a través de plataformas digitales. Hoy en día, esta contribución se encuentra vigente en las 32 Entidades Federativas con una tasa que oscila entre el 2% y el 5%, aunque para el 2019 el Estado de Puebla no recaudará importe alguno al haber establecido en el artículo 20 de su Ley de Ingresos una tasa del 0% para dicho ejercicio fiscal. La recaudación proyectada para el 2019 a nivel nacional asciende a los $ 4,395.4 mmdp destacando las siguientes entidades federativas entre las que mayor ingreso recaudarán: Quintana Roo con $ 1,626´331,651.00, la CDMEX con $ 512´220,156.00, Jalisco $ 390´000,000.00, Baja California Sur $ 342´561,038.00, y Nayarit con
$ 170´000,000.00, lo anterior en razón de que el turismo es una de sus principales vocaciones económicas, y que algunas de las entidades mencionadas son pioneras en incorporar el cobro del impuesto al hospedaje a las plataformas digitales como el caso de Airbnb, entre las que se incluye a: Baja California, Baja California Sur, la CDMEX, El Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit y Yucatán.
Esta fuente de ingreso a nivel nacional ya se ubica dentro de las tres contribuciones con mayor peso recaudatorio de las haciendas públicas estatales, siendo importante destacar que debido a que hay estados con mayor afluencia turística que otros, la recaudación de este impuesto no es homogénea. En la mayoría de las entidades federativas, una parte importante de los recursos recaudados a partir de esta contribución, se utilizan para la promoción turística y para obras de infraestructura turística y otros rubros del gasto público. Esta fuente de ingresos resulta providencial para los estados turísticos ante el reciente anuncio por parte del gobierno federal de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y consecuentemente la no asignación de recursos para este concepto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por otra parte, conviene destacar que el incremento en los ingresos locales propicia y condiciona el crecimiento de las participaciones federales que se distribuyen a Entidades y Municipios, por lo que se abren expectativas favorables para los cinco estados mencionados en el párrafo anterior, que a partir de las reformas a sus leyes de hacienda incrementaran su recaudación de ingresos propios.
