José Enrique Rodriguez Oceguera
El pasado 16 de abril, el titular del Ejecutivo Federal envió un memorándum a tres de sus secretarios de estado, a saber: Olga Sánchez Cordero (Secretaría de Gobernación); Esteban Moctezuma Barragán (Secretaría de Educación Pública) y a Carlos Manuel Urzúa Macías (Secretaría de Hacienda). El objetivo de este menorándum es desentenderse de la aplicación de la reforma educativa vigente, promulgada como norma constitucional desde el año 2013, por el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
La reforma educativa de los años 2012-2013 fue consecuencia del consenso de partidos llamado Pacto por México (PRI, PAN, PRD) y consistió, básicamente, en que fuera el mérito lo que implicara mejoras sustanciales en la calidad en los procesos de aprendizaje, desde la selección de los maestros, su permanencia y el premio justo a sus esfuerzos, el uso de las nuevas tecnologías en la educación, hasta la actualización de los contenidos en las aulas. La oposición a dicha reforma considera que esta reforma solo es un pretexto para castigar a los miembros del magisterio nacional.
Derivado del cambio constitucional al artículo tercero constitucional se agregó a la obligatoriedad y laicidad de la educación, el concepto de calidad. Para implementar estos principios se dieron los cambios correspondientes en la Ley General de Educación (1993) y se promulgó la ley que creaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2013), así como la Ley General del Servicio Profesional Docente (2013), que incorporaba el servicio profesional de carrera a la currícula magisterial, haciéndola meritoria y ya no gremial, siendo este tema el de mayor conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno mexicano.
Memorándum, nos dice la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es una palabra latina que quiere decir “cosa que debe recordarse” y la jurista argentina María Laura Valletta, en su Diccionario Jurídico, define memorándum como “una comunicación o notificación informal entre las distintas secciones o departamentos de un ente”. A su vez, en una reciente entrevista televisiva el constitucionalista Miguel Carbonell aclaraba que un memorándum no tiene validez alguna frente a un principio constitucional y que su aplicación tal y como se desea puede llevar a consecuencias jurídicas a mediano plazo que más de un funcionario tratará de evitar.
El citado memorándum en su apartado B mandata a los funcionarios federales a que “mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. ¿Válido? ¿Legal? No, bajo ningún precepto. Pero eso poco importa ya en un modelo jurídico basado en la excepción.
En un artículo académico editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y escrito por Fabián Bosoer, titulado “Maquiavelo, Schmitt, Gramsci y el “decisionismo” de los años ‘90: viejos y nuevos príncipes”, se recogen unas palabras de Nicolás Maquiavelo que tiene toda la vigencia para el caso mexicano actual, cito: “Cuán loable es en un príncipe mantener la palabra dada y comportarse con integridad y no con astucia, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la experiencia muestra en nuestro tiempo que quienes han hecho grandes cosas han sido los príncipes que han tenido pocos miramientos hacia sus propias promesas y que han sabido burlar con astucia el ingenio de los hombres. Al final han superado a quienes se han fundado en la lealtad”.
Pero la Cuarta Transformación no actúa sola o en el vacío, asesorada por gente del partido político Unidos Podemos y del Partido Socialista Obrero Español de España, desea aplicar los mismos métodos que el actual gobierno español ejerce. Por ejemplo, el todavía presidente de España.
En el caso español, el todavía presidente Pedro Sánchez ha gobernado en la excepción desde su llegada a la Moncloa en junio de 2018. Así, por ejemplo, mediante un real decreto ordenó la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, lugar donde actualmente reposan. Pero no contaba que el Tribunal Supremo paró dicho decreto al ser a todas luces una medida política que solo busca aumentar su popularidad entre sus seguidores y no algo urgente para la población que es solo cuando se aplican los reales decretos.
A la fecha, Pedro Sánchez ha actuado como dictador en la aprobación de 13 leyes y ha usado en la práctica 32 reales decretos.
El decisionismo es una forma de gobernar que consiste en ejercer el poder sin intermediarios ni contrapesos. Su principal teórico fue el politólogo alemán Carl Schmitt, en los años 30 del siglo pasado y su fundamento es dividir a la sociedad en dos grupos: el pueblo y los enemigos.
Bajo esta lógica en México tuvimos experiencias similares con buena parte del antiguo régimen, siendo una de las más recordadas la de José López Portillo quien dijo que el poder no se divide ni se comparte.
Por desgracia es una práctica común en nuestro medio hispanoamericano gobernar en la excepción, al margen de todo y de todos. Y, a pesar de los avances democráticos en las sociedades avanzadas, en este lado del mundo no se han aprendido lecciones de otros tiempos y otras latitudes. ¿Qué va a ocurrir? El mencionado memorándum se va a interpretar como mandato constitucional, a pesar de ser un simple recordatorio de deseos políticos y ya encontrado el camino, se seguirá en el mismo tenor en las demás áreas de la administración pública federal. Pero este autoritarismo ya está teniendo consecuencias. Poco a poco el desencanto ciudadano se está manifestando en la vida pública. Bien lo dijo Carbonell, ante la pregunta de qué le diría al titular del Ejecutivo de tenerle en frente, -Por favor, sea prudente-, fue su respuesta.
Maestro en Políticas Públicas por el ITAM.
