José Enrique Rodríguez Oceguera
El pasado 3 de abril, durante la conferencia matutina que el titular del ejecutivo sostiene cada mañana con los medios de comunicación, afirmó que el llamado Fondo Minero no es del conocimiento de los habitantes de las comunidades mineras y que, por lo mismo, los recursos correspondientes de dicho fondo a esas comunidades jamás han llegado a su destino, sino que se han perdido en medio de las vías de la corrupción.
Ante tal escenario, el mandatario ha instruido a su equipo para que estos recursos sean administrados directamente por el gobierno federal y se ejerzan de acuerdo a la planeación del mismo, sin la intermediación de los gobiernos municipales y estatales. Hay que añadir a esto, que los recursos que van al Fondo Minero son ahora administrados por la Secretaría de Economía y ya no por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como lo fue hasta el sexenio anterior. Dichos recursos provienen del pago de derechos e impuestos que las empresas mineras efectúan al gobierno federal por concepto de afectación ambiental y ganancias mercantiles.
Bien, pues a pesar de la controversia constitucional que el gobierno del estado de Chihuahua ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, además, ha sido aceptada; a pesar de que a esta causa se han sumado decenas de municipios mineros y a pesar de que los propios habitantes de las comunidades mineras manifiestan que los recursos del Fondo Minero se han traducido en más de 1,800 proyectos de infraestructura y desarrollo para las comunidades mineras, desde la creación del Fondo en 2014, al gobierno federal solo se le ocurre negar la evidencia, en un acto de pleno desprecio a la verdad, la eficiencia y el sentido común.
En 2018 Varela y Asociados levantó una encuesta para evaluar el sentir de la población de las comunidades mineras ante la implementación del Fondo Minero. Dando como resultado que 51% de la población le conocía; de ese total, 57% tenía una actitud muy favorable hacia el Fondo Minero y 63% consideraba que su municipio estaba mejor con el Fondo Minero que sin él.
Preguntamos, entonces, ¿Es esto desconocer el Fondo Minero? ¿De verdad no se ha hecho nada con él? Es realmente imperativo que el gobierno federal tome el control exclusivo de un recurso en el miles de mexicanos perciben un alto beneficio para su comunidad?
A la fecha, la controversia constitucional ahí está; La percepción positiva de la gente hacia el Fondo Minero ahí está también; y la evidencia de que el Fondo es útil es información pública, con las casi dos millares de obras públicas y proyectos de desarrollo que el Fondo ha apoyado y hecho posible.
Qué más se necesita para hacer entrar en razón a un modelo de ejercer el poder que desprecia lo técnico.
Que estos datos y reflexiones sirvan a quienes valientemente defienden ahora lo correcto.
Maestro en Políticas Públicas por el ITAM
@jerodrigezo
