Rafael G. Vargas Pasaye
El Instituto Nacional Electoral (INE, aunque en ese entonces era IFE) en 2006 tuvo uno de los momentos más críticos de su historia y de la vida democrática de México cuando el resultado final en la elección para presidente de la República marcó la diferencia más corta que se tiene registro: 0.56%.
Con esa cifra Felipe Calderón superó al segundo lugar Andrés Manuel López Obrador, el primero alcanzó 14 millones 916 mil 927 sufragios contra 14 millones 683 mil 96 votos del segundo, una diferencia de 233 mil 831 (aproximadamente la población de tres municipios nayaritas: Santiago Ixcuintla, Compostela y Xalisco, para tener un parámetro), sin embargo el INE dio la victoria al michoacano y en ese momento los ataques contra sus integrantes no se hicieron esperar.
Esos ataques tenían hasta cierto punto una lógica, el fantasma del fraude rondaba pero el paso del tiempo hizo que las cosas retomaran su nivel, así se reflejó en la elección intermedia de 2009, y con la gran diferencia en la presidencial de 2012 cuando Enrique Peña Nieto se llevó el triunfo.
Seis años después, ya en un 2018 diferente, López Obrador arrasó con un resultado donde rebasó los 30 millones de sufragios a su causa, con una participación de 63.4% de la ciudadanía. El INE como en su momento reconoció el triunfo de Calderón y de Peña Nieto, en esta ocasión hizo lo propio con Andrés Manuel, incluso el partido que lo impulsó, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pidió apoyo al INE para que le ayudará en la elección interna para elegir a su dirigencia.
Estas cifras y eso hechos son importantes señalar pues por primera vez en la historia de México tenemos la posibilidad de participar en una consulta popular para la renovación de mandato de presidente en este 2022, siendo por lo regular la oposición la que solicita esa posibilidad, pero en México quien ha realizado esta labor es la clase gobernante, en buena medida para continuar con su narrativa y propósitos.
Para que el resultado de este ejercicio inédito sea vinculante tendría que alcanzar el 40% de participación ciudadana, esto es, no importa si responde a favor o en contra de que se mantenga el presidente en el cargo, sino que la suma total represente ese número, la lista nominal nacional marca 92 millones 823 mil 216 registro, por lo que la cifra que se necesita es de 37 millones 129 mil 286.
En el caso de Nayarit, cuyo listado nominal quedó en 887 mil 348, requeriría de 354 mil 939 sufragios para alcanzar la meta. Vale la pena recordar los porcentajes de participación en pasados procesos electorales en la entidad: en la reciente de Gobernador de 2021 fue de 53.4%; en 2017 también de Gobernador fue de 62.4%; en 2014 se alcanzó 58.3%; en 2011 la cifra fue de 61.6%, en 2008 bajó a 51.9%. Como se puede ver en todas se ha rebasado ese 40% mágico que se necesita este próximo 10 de abril pero las condiciones son muy diferentes.
Además, se debe contemplar el desgaste que representa que en menos de 10 meses los nayaritas tendremos la tercera cita con las urnas, pues a la de junio pasado hay que sumarle la extraordinaria al Senado de diciembre (con una participación ciudadana de 14.6%), y claro, la nula promoción de la revocación de parte de la oposición, pues no van a aportar votos, así sea en contra del presidente.
El objetivo de rebasar el 40% es toda una responsabilidad para las entidades gobernadas por MORENA y los liderazgos políticos nacionales y locales de ese movimiento, pues su compromiso con el mandatario López Obrador será seguramente medido con esa vara, y no se dude que la respuesta a las peticiones de gobierno tome como referencia este resultado electoral.
De allí la importancia de la revocación de mandato, más allá de la narrativa presidencial, más allá de la movilización que represente para los sectores de MORENA y aliados, de las seis gubernaturas que están en pugna en junio próximo, algunos se juegan el acceso a los beneficios del gobierno federal y las posiciones de poder en el corto y mediano plazo.
@rvargaspasaye
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