DECISIONES EN SENTIDO OPUESTO AL PROGRESO:
José Enrique Rodríguez Oceguera
La minería es una actividad muy importante para la economía mexicana. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Economía Federal, nuestro país es el primer exportador de plata a nivel mundial y el primer destino de las inversiones extranjeras en esta rama de la economía. Aunado a que somos potencia en la producción de minerales como el plomo, zinc, oro, yeso o cobre, por citar algunos.
A pesar de ello, algunos sectores de la población consideran que los beneficios derivados de esta producción no se ven reflejados en la calidad de vida de las comunidades mineras. Las principales quejas de los sectores inconformes son los daños ambientales y que los beneficios económicos se van a manos privadas, quedando las poblaciones sin beneficios reales.
Ante estas legítimas preocupaciones, las autoridades económicas han instrumentado cambios legales, administrativos e institucionales que hagan de la minería no solo una actividad rentable, sino justa para los residentes de poblaciones mineras y los trabajadores propios de la minería.
El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, ampliamente conocido como Fondo Minero, es uno de esos mecanismos. Desde su creación en 2014, decenas de municipios se han beneficiado con obras sociales que de otro modo jamás hubieran llegado a sus destinatarios: alumbrado, pavimentación, reforestación, purificación del agua son algunos casos de éxito del Fondo Minero.
Pero esto no sería posible sin políticas públicas participativas donde confluyen los tres niveles del gobierno (Federal, Estatal y Municipal), así como representantes de las comunidades mineras y de las empresas concesionarias de la minería. Gracias a estas concertaciones, a través de los Comités del Fondo Minero, se ha podido trabajar de la mejor forma y dar resultados.
Pues bien, el 12 de febrero pasado la actual administración federal, por medio de la misma Secretaría de Economía, decidió dar marcha atrás a un logro colectivo, anunciando que los recursos del Fondo Minero ya no serán concertados, sino será el Gobierno Federal quien exclusivamente los administre y distribuya.
Ante tal arbitrariedad, los gobernadores de Chihuahua y Zacatecas han decidido formar un frente legal que contenga actos administrativos autoritarios y opacos por parte de la autoridades. Un día después se interpuso una controversia constitucional encabezada por Javier Corral, gobernador constitucional de Chihuahua, que busca hacer cumplir a plenitud acuerdos y compromisos que están garantizados en la Carta Magna en pro del Pacto Federal.
El desprecio por la práctica colegiada es una peligrosa actitud regresiva en materia de derechos públicos. Debemos estar atentos al caso del Fondo Minero, ya que es uno de tantos casos donde, por desgracia, el actual gobierno federal está minando la estructura de una sociedad abierta a oportunidades de desarrollo compartido y no a caprichos u ocurrencias políticas e ideológicas.
El autor es maestro en Políticas Públicas por el ITAM
@jerodriguezo
