Rubén Aguilar Valenzuela
El martes pasado Anabel Hernández publicó una columna, que retoman medios internacionales, donde asegura que de acuerdo a una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa aportó entre dos y cuatro millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador (AMLO) en 2006.
El candidato y luego presidente en más de una ocasión alabó la seriedad del trabajo periodístico de ella. En mayo de 2020 dijo: “Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una profesional del periodismo y valiente, es una mujer excepcional (…)”.
La periodista dice que en 2020 tuvo conocimiento del caso en el marco de una investigación que realiza desde 2019. Y asegura haber corroborado la veracidad de los hechos descubiertos por autoridades estadounidenses con dos personas que estuvieron presentes al menos en una de las reuniones, una cercana al equipo de AMLO y otra integrante del Cártel de Sinaloa (CS).
En la investigación, el gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de AMLO. A cambio el cártel pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del procurador General de la República si este ganaba la elección.
Durante los dos años de investigación la Fiscalía y la DEA descubrieron y corroboraron quiénes participaron de esa trama. Obtuvieron audios de testigos del CS y del círculo cercano de AMLO que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero.
Por parte del CS el principal responsable de las negociaciones fue Edgar Valdez Villarreal alias «La Barbie” uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva, y Roberto López Nájera, responsable del pago de sobornos del cártel a las autoridades gubernamentales en México.
Los responsables nombrados por AMLO para recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron Nicolás Mollinedo, conocido como Nico, entonces su chofer, y Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del congreso nacional de Morena. Ha sido su operador en las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018.
El tercer involucrado fue el empresario Francisco León García quien fue candidato a senador por el PRD en Coahuila en 2006. En marzo de 2007 desapareció y hasta ahora se desconoce su paradero. El cuarto fue el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.
La investigación se recoge en el documento «Operación Polanco” elaborado por la DEA. Se afirma que todo comenzó a fines de 2005 durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit. Ese año AMLO presentó su renuncia a jefe de Gobierno, para irse a la campaña por la presidencia de la República.
En el primer encuentro entre los representantes del CS y de AMLO se acordó entregar dos millones de dólares a la campaña y que López Nájera sería el contacto para hacer llegar el dinero. El segundo encuentro fue en las oficinas de Mollinedo y Soto Caballero en la colonia Polanco. El gobierno de Estados Unidos supo que en esa oficina se hizo la mayoría de las entregas de dinero en efectivo a lo largo de la campaña presidencial del 2006.
Hernández en su artículo cita una investigación de la DEA y es a esta quien toca negar o afirmar la revelación hecha por la periodista, que ha prometido en una segunda entrega responder a las preguntas: ¿Por qué no se sabía hasta ahora de esa investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos? Y pregunto: ¿Ahora AMLO piensa lo mismo de Hernández?
@RubenAguilar
