Comunicación para el Bienestar
Hacer pasar por consenso popular una decisión ya tomada por un puñado de políticos con el único objetivo de conseguir, mantener y enquistarse en el poder, sería, en términos realistas, la definición más cercana de la democracia mexicana. Lo mismo aplica para los ejercicios de la recientemente introducida democracia directa; consultas, plebiscitos, referéndums y revocación de mandato. Una farsa igual que cualquier otro proceso electoral.
El artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que el presidente de la República entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en el seis años. No obstante, desde su primera campaña presidencial, en 2006, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su presidencia en prenda en el caso de que ganara, sometiéndose al escrutinio popular, según sus propias declaraciones, para diferenciarse de los derechistas que, contrario a la noble izquierda, suelen pronunciarse a favor de la reelección. Y tal parece que lo dicho en aquellos momentos, se convertirá en realidad el año que entra, pues el simbólico 21 de marzo del 2022 se llevará a cabo la consulta para revocar de su mandato al político tabasqueño.
Luego de la nada grata experiencia que significó la consulta popular que pretendía llevar a juicio a los expresidentes de la República (aunque en la realidad en la boleta de votación se expresaba otra cosa), el año que viene la ciudadanía tendrá la opción de hacer sentir su opinión respecto a la pertinencia o no de la permanencia de AMLO al frente de la conducción del país. Y es que, si tomamos como antecedente la anterior consulta, el panorama podría ser desalentador si, tal como sucedió en esa ocasión, el espíritu popular del proceso se transforma en un ejercicio burocrático, poco claro y con una participación ciudadana en extremo reducida.
En teoría, el ejercicio podría consistir en simplemente responder una pregunta, de la cual la mayoría morenista en la Cámara de Senadores ya presentó la primer versión redactada (la cual seguramente habrá de sufrir modificaciones) en donde el ciudadano responderá si “¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?”
Así, la decisión es muy clara, pues lo que habrá de decidir el sí/no de la ciudadanía no es la incapacidad del presidente en el ejercicio de sus funciones, o la sospecha de comisión de algún tipo de delito, o la posibilidad de excluirlo de la presidencia por sus pobres capacidades para el ejercicio de gobierno. En cambio, la permanencia (o no) de AMLO en la presidencia, será decidida (si continúa el sentido de la pregunta) a partir de la percepción que de él tenga la ciudadanía y que, en realidad, podría reducirse a tomar una decisión tan importante a partir de la mera simpatía o antipatía hacia lo que es y lo que representa.
La idea de la consulta, no tendría que ser por si sola mala, siempre y cuando la decisión sobre la revocación del mandato, involucrara una opinión justa y calificada de las capacidades de AMLO en materia de gobernanza. En tal caso, independientemente del resultado de la consulta, la opinión estaría representando una manera de evaluar el trabajo realizado por el político, lo cual, podría traducirse, en el mejor de los casos, en un diagnóstico relativo a su desempeño, lo que daría pie a realizar los ajustes necesarios para mejorar su desempeño en los últimos dos años de su administración.
Otro factor que resulta preocupante en el proceso es que, al parecer, de nueva cuenta, un ejercicio ciudadano y popular queda en manos del Instituto Nacional Electoral, que será el encargado de conducir la consulta. Así, el legítimo derecho de los ciudadanos a expresar su punto de vista sobre sus gobernantes, ya está siendo organizado por tal instancia y terminará convirtiendo la consulta en un proceso electoral formal, alejado del juego democrático real y participativo, en donde la ciudanía se pudiera involucrar a fondo, de principio a fin en la organización, realización y recuento de las opiniones.
Las consecuencias de que la política (las instituciones) y no lo político (lo de la comunidad), sea el eje rector de la administración de nuestra vida, son extremadamente negativas porque todas las políticas públicas, los derechos, las obligaciones y, por supuesto, la democracia, están diseñadas desde los intereses económicos y de poder de esta minoría conocidos como “políticos” y nunca desde la búsqueda honesta del bienestar social.
La democracia mexicana ¿puede liberarnos de sistemas de gobierno autoritarios? ¿de políticos corruptos? ¿nos da seguridad? ¿bienestar? Si la respuesta es “no” usted lo ha entendido todo. Ha entendido que el fallido sistema político mexicano no nos sirve, al contrario, nos está dañando.
El modelo de democracia mexicana nos arrebata nuestra condición de ciudadanos y somos vistos como simples votantes, un número que genera mayoría y triunfo en las urnas, lo único que tiene de democrático es que todos somos iguales a la hora de ir a votar, un cuerpo, un dispositivo al servicio de un sistema que nos despoja de nuestras propias necesidades y problemas. Si no podemos demostrar nuestra condición de ciudadanos lejos del sistema electoral, no existimos.
Mucho hemos insistido desde Comunicación para el Bienestar que el modelo de democracia mexicano no sirve para que el poder realmente esté en manos del pueblo, y no nos cansaremos de decir que lo que necesitamos son democracias comunales, locales, donde cada comunidad decida y su voz se escuche y, aunque quizá seamos como Zaratustra y tal vez no seamos la boca para estos oídos, seguiremos repitiéndolo, porque ellos tienen algo de lo que se sienten orgullosos; cultura política lo llaman, pero nosotros tenemos el poder del paso por las palabras, resistencia, le llamamos.
