Francisco Javier Rivera Casillas
La evolución de las instituciones públicas en la actualidad nos ofrece una amplia y en ocasiones compleja conformación de diversos órganos constitucionalmente autónomos, mismos que han surgido a lo largo de los años con la finalidad de garantizar diversos derechos al ciudadano.
Así, podemos ubicar la existencia a nivel nacional y local de las comisiones de derechos humanos, de los institutos electorales; los de transparencia y acceso a la información; los sistemas anticorrupción; y de las fiscalías generales por citar sólo algunos ejemplos.
Entender su conformación y funcionamiento es de la mayor importancia, sin embargo el conocimiento básico o elemental que debe tener el ciudadano es que todos ellos tiene una función eminentemente social.
Dicho de mejor manera, si su funcionamiento y resultados no garantizan los derechos y no se traduce en mejores condiciones de vida entre los integrantes de la comunidad, simplemente no están cumpliendo su cometido social.
A propósito de la función social, y no obstante el valioso surgimiento de dichos órganos autónomos; conviene recapitular y señalar que de origen nuestra constitución reconoció únicamente la existencia de las tres funciones elementales que tiene el gobierno a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Por ello, no debemos escatimar en decir con toda contundencia que la función social de los tres poderes, siempre deber estar encaminada a contribuir en la edificación de una sociedad donde la prioridad de todas las decisiones sea la población.
Si evaluamos los resultados de las últimas generaciones de quienes gobernaron, obtendremos como conclusión una significativa deuda social.
No se trata de negar lo que hicieron, era su obligación; se trata de reconocer y resolver lo mucho que falta por hacer.
Cuestión de enfoque.
Por ello, corresponde a todo gobernante (ejecutivo, legislativo y judicial) imponernos como premisa en el desempeño de las responsabilidades públicas, asumir que nuestra conducta cotidiana siempre debe estar acompañada de la empatía social.
La exigencia para saldar deudas requiere de la emisión de leyes con un alto contenido social, que los motivos que impulsen su creación correspondan en realidad a los problemas sociales por resolver.
La deuda social exige una administración pública cuyas desiciones en la solución de los problemas sean de fondo despojadas de intereses de grupos, y no con un simple matiz trasladando el problema a generaciones futuras. En este sentido hay buenas señales.
Por lo que respecta al poder judicial, puedo afirmar que lo único importante y lo que le da razón de su existencia, es el justiciable, (familias, hombres, mujeres, adolescentes, niñas y niños) que enfrentan problemas legales y que debemos resolver en un tiempo razonable y sobre todo con la ley en la mano.
El juez y magistrado tienen mayúsculas responsabilidades, pero no son lo que en realidad importa al momento de reformar la ley o diseñar una planeación institucional. En realidad lo importante es saldar deudas sociales cuyos acreedores son la población que exige una función judicial más eficiente, de mayor empatía social y que al momento de escucharles se les atienda como personas y no como un número de expediente más. Al final ello no impedirá que su problema se resuelva ( a favor o en contra) con la observancia de la ley.
No perdamos de vista las coordenadas de nuestro actuar, la agenda de los poderes y órganos autónomos debe ser común y de auténtico contenido social.
La distribución de competencias no es obstáculo para la construcción de la agenda, todo lo contrario, las competencias nos dan simplemente la pauta para desempeñar la función del gobierno de manera organizada.
La oportunidad está a la vista, hagamos un gobierno de empatía social.
Es cuestión de enfoque!
*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Nayarit.
