Opinión

AUMENTO A LA TORTILLA, ENTRE LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD Y EL CRECIMEINTO DE LA POBREZA

Comunicación para el Bienestar

La Seguridad Alimentaria Nutricional es un derecho humano y consiste en que todas las personas deben tener acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.

En 1996 y por convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, en el que se comprometieron a proteger a su población contra el hambre.

El Estado mexicano, como firmante de esta declaración tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre, pero una parte fundamental en el ejercicio de este derecho es que los alimentos que el Estado garantice sean culturalmente aceptables y que se produzcan de forma sostenible, así, los alimentos que se tengan en los hogares mexicanos deben responder a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias de la población.

En este sentido, el maíz es el alimento fundamental de la dieta mesoamericana y, culturalmente, tiene a la milpa como la forma cultural de cohesión de las comunidades, este ciclo agrícola rige las festividades, los ritos y la estructura social y política de nuestros pueblos.

Comida básica en la dieta del mexicano, la importancia de la tortilla rebasa los asuntos meramente culinarios. La tortilla representa la historia y la identidad de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica. Así esta milenaria tradición del consumo de la tortilla, está más viva que nunca y toma tantas formas como lo permite la imaginación.

La tortilla, entonces, más que un alimento, es una expresión cultural de nuestro país, la manifestación de una cosmogonía que trasciende, nos identifica y cohesiona, por ello, el aumento exponencial del precio de la tortilla pone en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos.

Como alimento formador de identidad, el Estado Mexicano debe garantizar que todos tengamos acceso a la tortilla, por lo que su responsabilidad es regular y controlar su precio y protegerlo de cualquier situación emergente como las crisis energéticas, las sequías o, incluso, las pandemias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2018), las familias mexicanas destinan más del 35% de su ingreso corriente a la alimentación y de ello, el 50% se destina a la compra de cereales, por tanto, si las familias deciden mantener constante su nivel de consumo de la tortilla pese a su aumento, esto impactará negativamente en el ingreso económico de los hogares, incluso, tiene un fuerte impacto regresivo en la estabilidad de la economía familiar postpandemia, siendo, como siempre, los hogares más pobres lo que tendrán que pagar las consecuencias más graves, pues una baja de consumo, además de merma nutricional, representa una pérdida de elementos identitarios.

Hoy, ese consumo tan tradicional al parecer se ve comprometido debido a que, de acuerdo la Procuraduría Federal del Consumidor, es evidente un incremento en el precio del vital alimento. Así, en estados como Sonora, el precio del kilogramo de tortilla alcanza los 27 pesos. Precio histórico, que parece un abuso, dada las condiciones de vida y los problemas derivados por la crisis generada por la Covid.

En la Ciudad de México y Estado de México, el aumento no ha sido tan significativo, no obstante, en algunas zonas el precio ha rondado los 20 pesos el kilogramo. Es decir, si lo ponemos en términos de porcentajes, el incremento es del 25%.

Y es que, al parecer, los problemas con la comercialización de la tortilla, no solo se refieren al incremento en el precio de venta. Por ejemplo, uno de los problemas más complejos de resolver es que en cada estado, los precios de la tortilla varían, lo cual genera enorme descontrol y abusos que hacen difícil tener un efectivo control de los precios.

Otro de los problemas al que se enfrenta la venta de la tortilla, es que, de acuerdo con datos proporcionados por Profeco, se estima que cerca del 60% de las tortillerías en el país operan de manera informal, por lo cual, al parecer manejan el precio del kilogramo a su antojo en detrimento de la economía de las familias mexicanas.

No obstante, el verdadero conflicto derivado de este incremento, es que tales precios y tanta falta de control en su comercialización, golpea directamente el bolsillo de la ciudadanía, que, como señalábamos con anterioridad, de por sí ha resultado golpeada por los embates generados por la pandemia, que ha ocasionado despidos y reducción en el ingreso monetario familiar.

El aumento del precio de la tortilla en el periodo más álgido del proceso electoral por el que atravesamos, no solo refleja un descontrol político-económico sobre la regulación de este producto en el mercado, sino que hace evidente la falta de sensibilidad del gobierno y de la clase política que, con situaciones como esta, se ganan a pulso el rechazo ciudadano.