Opinión

ANDRÉS MANUEL: LA PRUEBA DEL DAÑO

Comunicación para el Bienestar

La democracia se constituye como un régimen político que tiene como principio básico la soberanía popular, en donde el pueblo elige a sus gobernantes mediante voto. No obstante, el papel del ciudadano no tiene que comenzar ni terminar en la emisión de un sufragio. En realidad, la verdadera tarea se tiene que llevar a cabo de manera continua mediante el conocimiento y evaluación de las tareas de gobernanza.

Por su parte, el gobierno está obligado a rendir cuentas y a proporcionar toda la información requerida sobre todo aquello que involucre el ejercicio presupuestal, para esto se crearon organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que se encarga de resguardar el cumplimiento de dos derechos básicos: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. En este caso, la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, generó controversia al publicar un acuerdo que va en contracorriente de este principio fundamental de la democracia y del ejercicio transparente del gobierno.

Dos asuntos han creado polémica entorno a la publicación del este acuerdo. Por un lado, la exigencia a las distintas dependencias de autorizar de manera exprés los proyectos prioritarios de Estado y, por el otro, lo referente a la seguridad nacional que implicaría la probable reserva de información de cualquier proyecto de obra e infraestructura.

El primer asunto, aunque escandaloso por la reducción a cero de las facultades institucionales de las dependencias gubernamentales, es peccata minuta si se considera que las autorizaciones al vapor y sin expedientes completos ya es una práctica constante ¿quién se atreve a decirle que no al jefe?

El tema de la seguridad nacional es el aspecto sobre el cual debe ponerse especial atención y que trata de pasar inadvertido en el artículo primero del acuerdo que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura (…)”

El asunto con la seguridad nacional es que es uno de esos conceptos ambiguos que pueden significar todo o nada, o bien, que se van resignificando a partir de contextos históricos o coyunturas políticas. La primera vez que se utilizó para efectos en materia de política pública fue en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, en el que se definió como “una función esencial de las fuerzas armadas, las cuales reafirman y consolidan la viabilidad de México como país independiente”.

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 propone un repensar y cabio del paradigma de seguridad nacional y la entiende “como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera”.

La cuestión, como varios analistas lo han manifestado, es que esta declaratoria podría implicar la posibilidad de reserva sobre la información relacionada a cualquier proyecto en observancia a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en su artículo trece permite que se puede clasificar como información reservada aquella que puede comprometer la seguridad nacional o la defensa nacional, ambos conceptos jurídicos indeterminados que abren un camino de regreso a la opacidad gubernamental.

Sin embargo, la misma ley y sus reglamentos también sugieren un concepto casi imperceptible pero que puede erigirse como la mejor arma contra la reserva deliberada de información y se conoce como prueba de daño. Es decir, no basta con que el presidente o el gobierno federal argumenten que la información de determinado proyecto debe ser reservada por considerarse asunto de seguridad nacional, sino que el daño debe ser probado como presente, probable y específico con base a la amenaza real a la integridad, estabilidad, gobernabilidad y permanencia del Estado.

Sin embargo, no creemos que las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales sean lo suficientemente ignorantes de la ley para no conocer estos preceptos, además, dos de las obras estratégicas del gobierno ya están en marcha y su información no ha sido reservada, ¿será entonces que el acuerdo está pensado para proteger algo más.

El Plan Nacional de Desarrollo establece tres grandes proyectos regionales; el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, éste último es el que falta por desarrollar, pero es el que tiene las mayores implicaciones en materia de probable violación a la soberanía nacional e intervención de capital privado, asunto que se vuelve más sospechoso luego de que la publicación se dio después de la reunión trilateral de América del Norte.

Este proyecto es la realización el sueño frustrado del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica desde la Guerra contra México a mediados del siglo XIX, y que nos remite al pasaje histórico favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Reforma.

Nos recuerda el polémico acuerdo sobre el Istmo mediante el cual EEUU ha tratado de tomar el control de la ruta interoceánica del territorio mexicano con algunas facilidades como zonas libres (ya señalado en el PND) y la intervención de las fuerzas armadas de los EEUU para “ayudar” a la defensa de los puertos y rutas de dicho Istmo. A lo que hay que sumar las grandes cantidades de dinero y mercancías que transitarían por este conducto.

Los legisladores deben aprovechar esta coyuntura para redimir su lamentable labor histórica y ponerse a hacer un verdadero trabajo legislativo de alto nivel encaminado al bienestar y, si no tienen la capacidad para hacerlo, que por lo menos formen un grupo de asesores que si pueda lograrlo.

Que importante es superar la toma de decisiones utilitaristas en donde el resultado es más importante que los procesos mediante los cuales se llevan a cabo. Retórica del todo se vale en nombre de los intereses de la república encarnada en obras que se nos hacen creer fundamentales como la ampliación del aeropuerto Felipe Ángeles o la Refinería de Dos Bocas. Mega obras alejadas del otro México; el que no viaja en avión o requiere otro distribuidor vial.

Mega México, ultra opaco, tan infalible que no requiere que le autoricen sus proyectos, pues representan el crecimiento de la nación. Desarrollo endeble que no logra conectar con el bienestar porque en primera instancia el micro México parece ausente en esta planificación y porque parece centrada en un modelo de democracia que ve a la transparencia y a la rendición de cuentas como un mal innecesario, prescindible y estorboso.