Dr. Abel Ortiz Prado
Durante años el debate público se ha concentrado en la distribución de los recursos federales entre estados y municipios. Sin embargo, un análisis reciente de México Evalúa aporta un elemento adicional a la discusión: una parte creciente de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) proviene de las retenciones realizadas a los trabajadores formales. Esto significa que la fortaleza financiera del Estado mexicano depende cada vez más de la capacidad de la economía para generar empleos formales y salarios registrados ante la autoridad fiscal. En su reporte nos ilustra que durante el primer trimestre del 2026 el ISR pagado por las empresas se redujo en un 11.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en tanto que las retenciones de nómina del ISR a los trabajadores formales se incrementó en un 7.4% en una lectura muy reveladora que podemos resumir: aunque las empresas obtienen menos utilidades siguen sosteniendo el empleo formal y son justamente sus nóminas las que hoy mantienen a flote la recaudación del ISR.
En este escenario el ISR al ser el impuesto con mayor rendimiento recaudatorio ligado a la generación de la riqueza en México, se convierte en un efectivo indicador de las acciones que cada entidad federativa está realizando para atraer y retener inversión formal y productividad. Esta realidad obliga a replantear la discusión sobre el federalismo fiscal. No basta con analizar cuánto recibe cada entidad federativa por concepto de participaciones o aportaciones federales; también resulta indispensable observar cuánto contribuye al sostenimiento de las finanzas nacionales mediante la generación de actividad económica formal. En este contexto, los estados con mayores niveles de inversión, productividad y empleo formal fortalecen la recaudación nacional y amplían la capacidad financiera de la Federación. Por el contrario, las entidades con bajos niveles de formalidad económica tienden a depender en mayor medida de los recursos generados en otras regiones del país gracias al mecanismo redistribuidor del sistema nacional de coordinación fiscal.
Para Nayarit, la reflexión resulta particularmente relevante ya que mantiene niveles de informalidad superiores a los deseables. El desafío no consiste únicamente en gestionar mayores recursos federales, sino en construir las condiciones para atraer inversión, elevar la productividad y generar más empleos formales. Cada nueva empresa representa el pago de impuestos y derechos locales, mientras que cada nuevo trabajador incorporado a la economía formal representa bienestar para una familia, pero también una contribución al fortalecimiento de las finanzas públicas nacionales a través de su pago del impuesto sobre productos del trabajo. En consecuencia, la competitividad económica y la formalización del empleo deben entenderse no sólo como objetivos de desarrollo regional, sino también como una estrategia fundamental de corresponsabilidad dentro del federalismo fiscal mexicano. “La mejor política fiscal no es cobrar más impuestos o incrementar tarifas en los derechos; es crear más contribuyentes mediante inversión, productividad y empleo formal”.
