Redacción Sentido Común
En México existen al menos 25 mil madres buscadoras integradas en colectivos de búsqueda desde 2019, en medio de una crisis nacional de desapariciones que supera las 120 mil personas no localizadas. Además, fiscalías de 19 estados reconocieron que no solicitan acreditar parentesco para iniciar una carpeta de investigación por desaparición, con el objetivo de agilizar las búsquedas desde las primeras horas.
En la mayoría de estas entidades basta con que cualquier persona denuncie la desaparición para activar protocolos de búsqueda, sin necesidad de presentar documentos oficiales que acrediten relación familiar con la víctima. Organizaciones civiles consideran que esta medida es importante, ya que en muchos casos quienes reportan primero son amistades, parejas, vecinos o integrantes de colectivos, especialmente cuando las familias tienen miedo o enfrentan amenazas.
Sin embargo, todavía existen estados donde persisten trabas burocráticas, retrasos o solicitudes de documentación que dificultan el inicio inmediato de investigaciones. Colectivos de madres buscadoras han denunciado durante años la falta de personal especializado, recursos tecnológicos, coordinación entre autoridades y capacidad forense para identificar restos humanos encontrados en fosas clandestinas.
Ante estas deficiencias, miles de familias han asumido labores que corresponden al Estado, organizando brigadas de búsqueda, rastreos en campo y jornadas de localización con recursos propios. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que las madres buscadoras se han convertido en una pieza fundamental frente a la crisis de desapariciones en México, mientras continúan exigiendo verdad, justicia y acciones efectivas de las autoridades.
