Dra. Mariana Pelayo
Durante 15 años me he dedicado a la investigación científica en el campo de las humanidades ambientales y al activismo político. Soy madre autónoma, docente e investigadora. Hoy recibo un reconocimiento por mérito científico, pero no lo asumo como un logro individual, sino como una responsabilidad colectiva. Porque hacer ciencia, desde mi experiencia, no es solo producir conocimiento, sino hacernos cargo del mundo que ese conocimiento describe.
Habitar la ciencia desde este lugar —el del cuidado, la reflexión crítica y el compromiso con la vida— me ha enseñado que observar la realidad es apenas el primer paso para transformarla. Y lo que hoy observamos exige un cambio urgente de mirada. La empatía y la afectividad no pueden seguir siendo valores secundarios: deben convertirse en el acto ético-político que guíe nuestras decisiones colectivas y nuestras formas de habitar el mundo.
Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la profunda crisis humanitaria y ambiental que atraviesa nuestro tiempo. No es un accidente: es el resultado de un proceso histórico en el que la violencia se cotidianiza, el horror se vuelve paisaje y aprendemos a mirar sin sentir.
En ese desplazamiento ético se deshumanizan los cuerpos y los territorios, se erosiona la empatía y perdemos la capacidad de ver al otro —humano y más-que-humano— y de dejarnos afectar por su dolor.
Como señala Rita Segato, vivimos en una sociedad adiestrada por las pedagogías de la crueldad, aquellas que normalizan la violencia, la muerte y el odio. Estas pedagogías han erosionado nuestra sensibilidad moral y nos han conducido a una guerra permanente contra las mujeres, contra los pueblos y contra la naturaleza. En todos los casos, la vida se vuelve desechable; el sufrimiento se trivializa y se convierte en paisaje.
Desde otra clave crítica, Sayak Valencia nos habla del Capital Gore: un régimen donde la destrucción de los cuerpos y de los territorios se transforma en mercancía. En México, esta lógica se expresa con particular crudeza en la violencia feminicida. Hasta octubre de 2025, se han registrado 597 feminicidios. No es solo una cifra: es la evidencia de que una racionalidad de la muerte sigue organizando nuestra vida social.
Esta pulsión de muerte se manifiesta también en la herida abierta de las desapariciones, una tragedia que en 2025 ha alcanzado niveles sin precedentes. Solo en lo que va de este año se han reportado 33 595 casos, de los cuales 13 814 personas aún no han regresado a casa. Esto significa que casi el 10 % del registro histórico de personas desaparecidas en México ocurrió en apenas doce meses. Aquí, la deshumanización adopta la forma de una matemática del horror: cada día desaparecen 40 personas.
Es la herida abierta de un Estado que se ausenta. Frente a ello han surgido las verdaderas heroínas de nuestro país: las madres buscadoras. Ellas, nuestras mujeres sabueso, rascan la tierra con las manos y con el olfato del amor. Se vuelven científicas del suelo por dolor y por dignidad. Al buscar a sus hijas e hijos, nos buscan a todas, todos y todes; intentan rescatar la humanidad de un territorio que ha sido profanado.
Pero esta pulsión de muerte no se detiene en los cuerpos: se expande a los territorios. La misma lógica que desaparece a una mujer es la que envenena un río, tala un bosque, asfixia un océano y marchita lagos y acuíferos. La violencia es una sola, y hoy se manifiesta también como ecocidio.
Lo vemos con claridad en la contaminación del Río Santiago, donde el ecocidio adopta una forma industrial-urbana profundamente ligada a la salud ambiental y a la justicia social. En El Salto y Juanacatlán, el llamado progreso ha dictado una sentencia de muerte lenta: insuficiencia renal, cáncer y enfermedades respiratorias, ahora también en las infancias. La enfermedad no es un accidente biológico; es una consecuencia política.
Lo vemos también en el sureste del país, donde el Tren Maya representa un ecocidio ya materializado, con daños irreversibles sobre selvas, acuíferos y territorios indígenas. Aquí, la devastación no es futura: ya ocurrió, y el cambio climático amplifica sus consecuencias.
Lo observamos en la destrucción de manglares y arrecifes, ecocidios localizados pero estratégicos, porque en ellos se sostienen las barreras naturales frente a huracanes, el equilibrio costero y la vida marina. Su pérdida nos deja más expuestes, más vulnerables y más desprotegides.
Y lo vemos en Sonora, con el Proyecto Saguaro, encabezado por la empresa Mexico Pacific Limited: un ecocidio potencial, aún en disputa legal, que amenaza el Golfo de California —santuario de ballenas— mediante ruido industrial, tráfico marítimo y emisiones que profundizan la crisis climática global.
A todo esto se suma el cambio climático, no como telón de fondo, sino como una política no declarada de expulsión. Allí donde se destruye un ecosistema, se fabrican migrantes ambientales y climáticos: personas, comunidades y pueblos forzados a abandonar sus territorios porque ya no hay agua, suelo fértil ni condiciones mínimas para sostener la vida.
El mismo modelo que permite el ecocidio criminaliza después a quienes migran y levanta muros contra quienes huyen de un colapso que no provocaron.
Esta crisis no es solo ambiental ni social: es profundamente política. La degradación ambiental en México ya representa el 4.1 % del PIB, pero su verdadero costo se mide en desplazamientos forzados, comunidades fragmentadas, cuerpos enfermos y futuros cancelados. Lo más alarmante es que este modelo se sostiene silenciando a quienes lo denuncian. Bajo el amparo de la impunidad, ha cobrado la vida de más de 200 defensoras y defensores ambientales en la última década. No es casualidad que la mayoría sean indígenas: mayas, purépechas, yaquis, pueblos cuya sola existencia recuerda que la tierra no es una mercancía. Cuando se asesina a un defensor o defensora indígena, no solo se elimina a una persona; se intenta borrar una forma colectiva de vida que se niega a aceptar la muerte como norma.
Hoy, frente a esta realidad, no podemos seguir hablando de futuro sin hablar de responsabilidad. No hay neutralidad posible en un mundo que se desmorona: o se está del lado de la vida o se está del lado del daño.
Defender la vida —la de las mujeres, la de los pueblos, la de las disidencias, la de los ríos, los bosques y los océanos— es hoy el acto político más urgente y radical. Implica nombrar el ecocidio, detenerlo y asumir que cada decisión pública tiene consecuencias sobre los cuerpos y los territorios.
A las autoridades les digo: no hay desarrollo posible sobre territorios muertos.
A la academia: el conocimiento que no incomoda al poder se vuelve cómplice.
A la sociedad: cuidar la tierra es cuidarnos entre nosotres.
Que este reconocimiento no sea un punto de llegada, sino un punto de partida.
Que nuestra memoria no sea la del colapso, sino la de quienes se atrevieron a frenar la devastación.
Porque sin justicia ambiental no hay justicia social.
Y porque sin vida, no hay historia posible.
Mensaje leído por la autora al recibir el reconocimiento de la Fundación Cultura y Desarrollo AC
