Redacción Sentido Común
El Tribunal de Disciplina Judicial resolvió la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Guerrero.Esto ocurrió tras acreditarse acoso sexual, hostigamiento laboral y el uso indebido de personal del Ejército, la Guardia Nacional y recursos institucionales para un asunto particular: la recuperación de un vehículo y el cobro de una deuda privada.El 21 de septiembre de 2022, el juez solicitó la compañía de una oficial judicial, sin informarle el destino, además de requerir la unidad blindada, una Suburban blanca del Centro de Justicia y la asistencia de dos elementos armados de seguridad institucional.Con este grupo, se trasladó a un domicilio particular para intentar recoger un vehículo que, según indicó, había intercambiado previamente con un miembro de la Marinapor otro automóvil y una suma de dinero, alegando que no se le había pagado y que tenía derecho a recuperarlo.Durante la intervención, el juez encaró a dos mujeres identificadas como familiares del integrante de la Marina, exigiendo la entrega del vehículo y solicitando una grúa para cumplir con el retiro.Esta acción provocó rechazo entre los residentes del condominio, quienes se opusieron a la presencia de personal armado sin orden judicial y demandaron el retiro del grupo.En medio del conflicto, una de las mujeres aseguró haber contactado a su hijo para realizar la transferencia requerida, mientras otra parte involucrada indicó que su abogada y representantes del Ministerio Público ya iban en camino, poniendo en duda la legalidad del procedimiento del juez.Paralelamente al conflicto sobre la deuda, se acreditaron otras conductas graves: el uso inadecuado de apoyo logístico y personal judicial para fines personales, actos de acoso sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral a dos colaboradores, un hombre y una mujer.
