Redacción Sentido Común
La Fundación Politécnico A.C., integrada por cientos de egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), presentó denuncias penal y civil contra el director general de la institución, Arturo Reyes Sandoval, a quien señalan por presunto peculado, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y otros posibles delitos que sean determinados por las autoridades investigadoras.
En un comunicado firmado por la directora ejecutiva de la Fundación, Claudia Roberta Paniagua, se detalló que las denuncias fueron interpuestas debido a “irregularidades, incumplimiento y disposiciones arbitrarias impuestas unilateralmente por el funcionario”, acciones que, según la organización, podrían implicar mal manejo de recursos económicos y aportaciones.
Entre los señalamientos más relevantes se encuentra la terminación del convenio de colaboración entre el IPN y la fundación, además de la creación de la asociación denominada Corazón Guinda y Blanco, la cual, afirma la Fundación Politécnico, usurpa funciones de una donataria autorizada, violando lineamientos y estatutos vigentes.
De acuerdo con la fundación, han recibido al menos tres oficios con solicitudes consideradas “fraudulentas”, que contravienen el convenio y pretenden redirigir recursos hacia una cuenta vinculada a la nueva asociación.
De forma paralela a la presentación de las denuncias, el propio Reyes Sandoval informó que acató la petición de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, por lo que decidió suspender temporalmente a Javier Tapia Santoyo, quien hasta el 29 de noviembre se desempeñaba como secretario de Administración del IPN.
El director indicó que instruyó al personal del instituto a facilitar toda la información requerida por las autoridades, y aseguró que está a favor de una investigación “apegada estrictamente al marco jurídico”.
Mientras tanto, la Fundación Politécnico insiste en que la creación de la asociación Corazón Guinda y Blanco, así como la presunta presión para transferir recursos, constituyen abuso de atribuciones y manejo irregular de funciones institucionales.
El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si los señalamientos derivan en responsabilidades administrativas o penales.
