Dr. Abel Ortiz Prado
El crecimiento del 5.09% en los ingresos fiscales proyectados en el Paquete Económico 2026 será insuficiente para financiar un presupuesto de egresos que prioriza a Pemex y los programas sociales. El PEF 2026 contempla la mayor proporción de gastos obligatorios desde 1995, dejando en entredicho el principio de equilibrio presupuestario de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto equivale a $48,732 por habitante, destinados principalmente al pago de pensiones e intereses de la deuda, monto que triplica los $17,195 por persona asignados a salud, educación, cuidados y seguridad. Entre 2024 y 2026, la deuda per cápita crecerá 5.1% en términos reales, es decir, cerca de $7,000 adicionales por habitante en solo dos años, para alcanzar un promedio de $151 mil pesos. El costo es alto: el pago de un solo día de intereses de la deuda cubriría el tratamiento anual de 16,571 pacientes con cáncer de mama (México Evalúa). En términos consolidados, la deuda ascenderá a 20.3 billones de pesos (52.3% del PIB), el nivel más alto en al menos 35 años, comparable con el 50.8% de 1983, año de crisis de deuda, aunque en un contexto global de tasas de interés y acceso a mercados distinto.
En este escenario, la calificación de riesgo soberano se mantiene en Baa2 con perspectiva negativa, lo que implica calidad media y moderado riesgo de crédito. El problema no es solo el monto de la deuda, sino su trayectoria creciente sin consolidación fiscal a la vista. La ausencia de una solución de fondo para Pemex y de un programa fiscal creíble deteriora el perfil crediticio, y Moody’s ya ha advertido que México camina al filo de perder su grado de inversión. El margen de maniobra es estrecho: el país podría blindar su calificación si fortalece ingresos, recorta gastos ineficientes y prioriza proyectos productivos sostenibles. El reto, como subraya Moody’s, es tanto político como técnico. La decisión sobre la nota soberana se tomará en 2026, pero una eventual pérdida implicaría más deuda cara, menor inversión, salida de capitales y presión fiscal. Brasil es ejemplo: perdió su grado de inversión en 2015 y aún no lo recupera.
El grado de inversión sigue siendo uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica de México, y perderlo tendría repercusiones de gran calado en cuatro vertientes. 1) Financiamiento: tasas más altas, restricciones de acceso a mercados y depreciación cambiaria. 2) Presupuesto: mayor presión por intereses y necesidad de ajustes fiscales que reducirían margen para gasto social e inversión. 3) Economía real: inflación importada, menor inversión extranjera y encarecimiento del crédito privado. 4) Largo plazo: México dejaría de estar en la liga de emergentes estables, elevaría su riesgo país y dependería más del ahorro interno castigado con mayor carga fiscal en el 2026. En suma, la disyuntiva es clara: disciplina fiscal y reordenamiento de prioridades, o bien el riesgo de un retroceso histórico que marcaría la economía por años.
