Mauricio Corona
En la discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados, la Deuda Pública vuelve a colocarse en el centro del debate. Los números del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 lo dejan claro, el costo financiero por pagar intereses y amortizaciones subirá de 1.14 a 1.29 billones de pesos, un aumento de casi el 10%. No es un dato menor, pues significa que la deuda se ha convertido en una de las áreas con mayor crecimiento dentro del gasto federal.
Este crecimiento no es neutro. Cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que no se invierte en rubros productivos. El propio análisis legislativo señala que el costo de la deuda “desplaza gasto productivo”. Es decir, se achica el margen para destinar recursos a infraestructura, innovación o programas estratégicos de desarrollo.
Mientras en el corto plazo el gobierno asegura la estabilidad pagando puntualmente sus compromisos financieros, en el largo plazo pospone la construcción de capacidades para elevar el crecimiento. La inversión pública se mantiene en niveles bajos, lo que, combinado con un mayor gasto corriente y un crecimiento económico moderado, puede anclar el PIB potencial entre 1.5% y 2.5%. Un rango insuficiente para las necesidades de un país con una población joven y demandas crecientes de empleo y servicios.
En la discusión del presupuesto este tema se vuelve crucial porque, aunque la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, pero es el Congreso de la Unión su conjunto, las dos Cámaras (Senadores y Diputados) las que deben medir las implicaciones de hipotecar el futuro a cambio de estabilidad inmediata a través de los techos de endeudamiento y de la aprobación de la Ley de Ingresos. La rigidez del gasto es cada vez mayor, la deuda, las transferencias directas y la nómina absorben una parte significativa de los recursos, reduciendo al mínimo el margen de maniobra para la inversión.
El debate no es técnico, es profundamente político. ¿Qué se privilegia, cumplir con los acreedores o abrir espacios a la inversión productiva? Nadie discute que la deuda se debe pagar, pero el costo de hacerlo bajo una estructura de bajo crecimiento puede llevar a un círculo vicioso, más deuda, menos inversión, menor crecimiento y, por ende, mayor dependencia del endeudamiento futuro.
Desde el Legislativo es urgente plantear alternativas. Revisar la eficiencia del gasto, priorizar proyectos estratégicos que eleven la productividad y abrir un debate serio sobre la sostenibilidad de la deuda pública más allá de los ciclos sexenales. Lo que hoy parece estabilidad puede convertirse en la semilla de una nueva vulnerabilidad.
El país no puede conformarse con administrar inercias. Se necesita visión de largo plazo, y ese debate debe comenzar en la arena legislativa. La deuda pública no puede seguir creciendo a costa del futuro.
