Dr. Abel Ortiz Prado
De acuerdo al Informe de Pobreza Multidimensional 2024, publicado por el INEGI el 13 de agosto de 2025, -por primera vez, después de la desaparición del CONEVAL- el porcentaje de población en pobreza multidimensional fue del 29.6 %, equivalente a 38.5 millones de personas, y la pobreza extrema alcanzó el 5.3 %, es decir, 7 millones de personas. -el nivel más bajo en las dos variables registrado en el periodo 2016-2024-. Pese a estas reducciones, resalta que el porcentaje de personas vulnerables por carencias sociales creció hasta el 32.2 %, y que más de 44 millones de personas siguen sin acceso a servicios de salud, mientras que el rezago educativo persiste en 24.2 millones. Estas cifras, aunque reflejan avances cuantitativos, ocultan crudas realidades: No incorporan fenómenos como migración irregular, creciente economía informal, baja participación laboral de las mujeres, caída del empleo formal -vs- crecimiento del trabajo por cuenta propia, violencia e inseguridad pública, discriminación estructural, o exclusión histórica de poblaciones indígenas, ya que este sector social enfrenta niveles de pobreza desproporcionados: 29 % en pobreza extrema y, 37.1 % pobreza moderada. La magnitud del subdesarrollo, manifestado en el fenómeno de la pobreza se ha presentado a lo largo de la historia en los países del mundo, generando la necesidad de desarrollar una metodología que permita su estudio y medición objetiva, con prácticas de mejora continua para reflejar cada vez más la realidad de este flagelo social. En este contexto, los primeros estudios del inglés Peter Townsend aplicados en la Gran Bretaña en 1950 arrojaron que más del 6% de los ingleses se encontraban en condición de pobreza, porcentaje muy superior al dado a conocer por las autoridades gubernamentales, demostrando la complejidad de la pobreza y la necesidad de mejorar continuamente la metodología de su medición para diseñar en consecuencia las políticas públicas integrales que puedan corregirla.
En el caso particular de México, la política social del combate a la pobreza ha priorizado las transferencias monetarias directas —becas, apoyos alimentarios y para guarderías, pensiones (no fondeadas) apoyos a la juventud y otras— que si bien es cierto ofrecen un alivio inmediato, rara vez alteran las condiciones estructurales que perpetúan la pobreza. La prueba está en que amplios sectores indígenas y rurales siguen reproduciendo las mismas carencias: educación precaria, servicios de salud insuficientes, empleo informal y destacadamente “ausencia de movilidad social”. A diferencia de las anteriores, las transferencias condicionadas de ingreso se basan en una idea simple y poderosa: crear los incentivos adecuados hoy, para estimular la acumulación de capital humano entre las familias pobres de manera que mañana, las nuevas generaciones puedan tener la oportunidad de generar ingresos propios más altos. La estrategia de las primeras debe ser transitoria, y solo durante el tiempo suficiente para permitir que éstas rompan con la “transmisión intergeneracional de la pobreza” como lo afirma el economista @Santiago Levy en su estudio patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo “BID”, denominado “Productividad, Crecimiento y Pobreza en México”, mediante la adquisición de mayor capital humano que les permitan a los niños y jóvenes escapar de la pobreza que atrapó a sus padres, respaldado además indispensablemente por una efectiva política económica y social para generar recursos suficientes e incentivos adecuados para atraer e incrementar la inversión que en consecuencia permita crear empleo de calidad para la prosperidad compartida.
La movilidad social al medir la capacidad de una persona para mejorar su posición socioeconómica respecto a la de sus padres, se convierte en un gran indicador para medir la efectiva disminución de la pobreza. “La transmisión intergeneracional de la pobreza a la que se refiere el Dr. Santiago Levy, es el reverso de la movilidad social y habrá que destacar que esta no depende solo del esfuerzo individual, sino de estructuras políticas que brinden acceso real a salud, educación, empleo formal, vivienda y justicia social. Mientras que en sociedades más equitativas los hijos tienen mayores probabilidades de mejorar sus condiciones respecto a sus padres, en México ocurre lo contrario: el origen determina casi por completo el destino. Así, la baja movilidad social no es un fenómeno aislado, sino el reflejo tangible de que seguimos heredando la pobreza como una condena generacional.” Hablar de movilidad social en México es hablar, en realidad, de la posibilidad —hoy mínima— de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza ya que los programas de transferencias monetarias, al no acompañarse de políticas sólidas de desarrollo humano, no generan movilidad ascendente. Es decir: la “dádiva” perpetúa la inmovilidad social porque al solo administrar la pobreza, sustituye transformaciones estructurales por paliativos, ya que cuando los apoyos se convierten en el eje de la política social, se fomenta una especie de “conformismo obligado”, apagando el motor del esfuerzo y la superación: no porque las personas carezcan de aspiraciones, sino porque el Estado les ofrece sobrevivir, pero no les abre el camino para salir de la pobreza. México necesita pasar de medir únicamente el presente a empezar a construir el futuro sobre bases sólidas y sustentables. [email protected]. Académico, Consultor en Finanzas, Administración Pública y Asociaciones Público-Privadas.
