Redacción Sentido Común
El estado de California, en conjunto con otros diez estados de mayoría demócrata, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump tras la eliminación de sus normas que exigían que el 80 % de los autos nuevos vendidos fueran eléctricos o híbridos para 2035. La administración Trump utilizó la Ley de Revisión del Congreso para anular esas regulaciones ambientales, las cuales estaban basadas en exenciones previamente autorizadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta calificaron la acción como un “ataque político ilegal” que pone en riesgo los avances ambientales, la salud pública y el liderazgo tecnológico del estado. Señalaron que California tiene el derecho, respaldado por la Ley de Aire Limpio, de establecer sus propios estándares de emisiones, incluso si estos son más estrictos que los federales.
La decisión del gobierno federal también impacta directamente a otros estados como Nueva York, Nueva Jersey y Washington, que habían adoptado políticas similares inspiradas en el modelo californiano. Los demandantes advierten que revertir estas normas representa un retroceso significativo en la lucha contra el cambio climático y la transición hacia energías limpias.
California busca que los tribunales restablezcan su autoridad regulatoria y con ello el rumbo hacia un mercado automotriz más sustentable. El caso podría convertirse en un punto clave en la disputa nacional entre políticas ambientales estatales y federales, especialmente en un contexto electoral donde el cambio climático es un tema central.
