Rubén Aguilar Valenzuela
El actual conflicto en el TEPJF es producto del desastroso comportamiento de su magistrado presidente José Luis Vargas, los académicos Juan Jesús Garza Onofre, investigador del IIJ-UNAM, y Javier Martínez Reyes, investigador del CIDE, analizan al personaje (Reforma, 05.08.21).
Afirman que es la “peor presidencia en la historia del TEPJF, encabezada por un magistrado que nunca se comportó como tal, que mostró incongruencias en sus votos y una alarmante sumisión al poder en turno, Vargas ha sido alguien, que como pocos, ha trasladado sus preferencias políticas a sus decisiones jurídicas”.
Y añaden que “estamos frente a un sujeto investigado por enriquecimiento ilícito, que fungió como el más ferviente defensor de Salgado Macedonio, que ha violado una y otra vez las normas internas del TEPJF y que incluso ha tenido la puntada de autonombrarse “el Pípila de la democracia”, mientras tilda a sus colegas de “manada”.
A lo dicho por los investigadores se puede agregar, es de dominio público, el apoyo que Vargas ha recibido de diversas instancias de la presidencia de la República que incluyen a funcionarios del primer círculo del presidente, que son los que han estado atrás de las decisiones políticas, con barniz de jurídicas, de Vargas.
El pasado miércoles, cinco de sus pares, decidieron destituirlo. Pienso que se tardaron. Y también nombraron como nuevo presidente al magistrado Reyes Rodríguez. Los investigadores plantean que “parecería difícil no celebrar el fin de la presidencia de Vargas”, pero advierten que la “remoción” es “una figura que no está expresamente contemplada en ninguna ley”.
He hablado con constitucionalistas que plantean como válida y correcta la decisión tomada por la mayoría de los magistrados ante la actuación facciosa y desaseada de Vargas. Esto en independencia de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El senador de Morena, Germán Martínez, estudios del derecho, sostiene que la decisión de la mayoría de los magistrados “es un acto que no se puede impugnar porque ni el Consejo de la Judicatura Federal, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen atribuciones en ese tema”.
Ante el hecho de que la “remoción” del presidente del TEPJF no está contemplada en la ley se abre una inédita situación, que de hacer caso a lo que plantean algunos connotados constitucionalistas y también el senador Martínez, la decisión de la mayoría de los magistrados es válida y están es su derecho, y solo a ellos corresponde, destituir a su presidente y también, y por lo mismo, nombrar a otro magistrado para ocupar el cargo, como ya lo han hecho.
