Juan Carlos Abreu
Entre la euforia mundialista y la pasión electoral ocurre, del otro lado de nuestra frontera norte, una crisis humanitaria de la que son víctimas cientos de familias migrantes mexicanas y centroamericanas.
El gobierno de Donald Trump ha adoptado una cruel política antiinmigración separando a las familias y manteniéndolas detenidas en condiciones inhumanas.
Esta acción ha sido condenada por un gran número de organizaciones y personalidades en el mundo, entre ellas la ONU, que calificó la medida como cruel e inadmisible.
El Gobierno mexicano, increíblemente, ha llegado tarde al reclamo y la condena, pero finalmente llegó y ha solicitado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU verificar las condiciones de detención de los menores y que se emitan recomendaciones urgentes para que Estados Unidos cese estas acciones.
Sin embargo, Trump está en lo suyo, aferrado a acabar con la inmigración al costo que sea; poco le importan las condenas, los reclamos y mucho menos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del que ha decidido retirar a Estados Unidos por considerar que es un “pobre defensor de los derechos humanos” (¡favor de no poner cara de what!).
No es un tema menor y es un asunto en el que el Gobierno Mexicano debe actuar con prontitud, inteligencia y sobre todo con firmeza, pues las consecuencias humanitarias pueden ser muy graves y el costo político altísimo.
