Redaccion Sentido Común
El director de Asuntos Jurídicos del DIF, Alejandro Cárdenas, informó que a medianos de marzo DEL 2024 es la fecha límite para la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA).
Dijo que actualmente el DIF trabaja en el desarrollo de la plataforma digital, la que se estima estará lista para antes de que concluya el plazo fijado para su implementación, esto es el día 13 de marzo del próximo año.
Al participar en el Foro sobre este registro de deudores alimentarios organizado en la Cámara de Diputados, Alejandro Cárdenas precisó que los lineamientos se publicaron el pasado 3 de agosto.
Indicó que ahora corresponde a los congresos locales y a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas de reconocer, armonizar su marco normativo con los citados lineamientos y con el decreto de reforma, esto lo tienen que hacer dentro del plazo de 120 días hábiles, contados a partir del inicio de la creación del registro”.
Subrayó que el acceso al Registro tendrá tres modalidades: consulta pública, acceso directo para los tribunales y por parte de las procuradurías de protección a la niñez. Asimismo, los tribunales tendrán la obligación de suministrar mensualmente la información de los deudores alimentarios morosos.
Por otra parte, propuso que se disminuya a cinco días el plazo para llevar a cabo la inscripción y no 90 días como actualmente se estipula.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI, señaló que ocho de cada 10 hogares de padres separados no reciben una pensión alimentaria, es decir, los hombres no atienden su responsabilidad moral, social y paternal.
Por su parte, Julieta Lujambio Fuentes, activista por los derechos de las madres solas y sus hijos, explicó que el 8 de mayo de este año, el Diario Oficial de la Federación emitió los lineamientos para la constitución del RENOA, el cual fue creado debido a la impunidad generalizada ante un derecho irrenunciable y vital de los menores de edad, que es el de los alimentos y porque cerca de un tercio de las familias son encabezadas por mujeres, quienes se agobian al saber que no les alcanza para mantener a sus hijos.
Destacó que con esta medida se restringe a los deudores la emisión de pasaportes o documentos migratorios, postularse a cargos de elección popular y puestos públicos como juez, magistrado, regidor o consejero de municipios y se faculta al DIF como el órgano que opera este Registro y a los tribunales estatales de justicia para que alimenten y consulten las bases de datos. Además, se establece que la institución que sea requerida sobre el estatus del deudor y no lo hace será corresponsable del delito.
