Redacción Sentido Común
Un juez de control vinculó a proceso al exsecretario de Educación Pública de Hidalgo Atilano Rodríguez Pérez por un posible peculado de 144 millones de pesos. El exintegrante del gabinete del ahora embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses, seguirá su proceso en libertad debido a que cuenta con un amparo que lo protege de una orden de aprehensión.
El 25 de marzo de 2022, Rodríguez Pérez solicitó a la Secretaría de Finanzas Públicas de la entidad, a cargo de Jessica Blancas Hidalgo, 144 millones de pesos para «subsanar el restablecimiento de los servidores, sistemas y centros de datos instalados en diversas máquinas virtuales», así como la recuperación de más de 5 millones de registros digitales, «esto debido a que habían sufrido un supuesto hackeo», refirieron los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) al formular la imputación.
No obstante, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) asegura que el hackeo nunca existió, sino que se simuló el riesgo de perdida de datos y un acceso indebido a la documentación de estudiantes de nivel medio superior para sustraer recursos.
Los 144 millones de pesos que autorizó Finanzas, añade la imputación, fueron transferidos el 30 de marzo de 2022 a una cuenta bancaria a nombre del Instituto Hidalguense de Educación y, posteriormente, a la persona moral Aktaion Digital S.A. de C.V., empresa que había sido contratada para restablecer los servicios informáticos que, insiste, nunca fueron dañados.
El caso está a cargo de la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la «Estafa Siniestra», como se ha denominado a un mecanismo mediante el cual, de acuerdo con el gobierno del morenista Julio Menchaca Salazar, se desviaron más de 2 mil millones a través de compañías fachada y simulación de servicios durante el mandato de Omar Fayad (2016-2022).
Entre los procesados hasta el momento se encuentran el exoficial mayor y durante más de una década secretario particular del ahora embajador Fayad Meneses, Martiniano Vega Orozco, así como ocho presidentes municipales (Huautla, Yahualica, Epazoyucan, Pisaflores, Tlahuelilpan, Tula, Nopala y Calnali), quienes, asevera la AIC, utilizaron el mismo «modus» para movilizar activos del erario cuyo destino final, afirman las autoridades, no ha sido identificado.
En la audiencia inicial, en la que Atilano Rodríguez compareció vía remota, el juez de control Raúl González Becerra dictó el auto de vinculación a proceso y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Debido a que cuenta con un amparo que lo impide, al imputado no le fueron impuestas medidas cautelares.
