Redacción Sentido Común.
Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ordenó abrir una investigación en contra del exministro Arturo Zaldívar, su predecesor y hoy miembro de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
Según un acuerdo de fecha nueve de abril, se ordenó abrir la investigación número J/108/2024 luego de una denuncia anónima, en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, área a la que se le otorgaron las más amplias facultades para llevar a cabo las pesquisas.
En el acuerdo publicado, la investigación contra Zaldívar se abrió por presuntamente haber vulnerado la autonomía e independencia de titulares de juzgados del Poder Judicial de la Federación para “satisfacer intereses personales y de terceros”. En la denuncia se señala a Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, de confabularse para atentar contra la autonomía judicial.
La investigación incluye a varios colaboradores del exministro y a jueces federales, a quienes se les atribuye haber aceptado voluntariamente la presión ejercida por Zaldívar.
En los nombres se incluye a Netzaí Sandoval, extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública y hoy coordinador de ponencias de la ministra Lenia Batres, a quien se responsabiliza de presionar a defensores públicos “para actuar de la forma más conveniente a sus intereses”, designar defensores a modo y facilitar procesos.
También se investigará a cercanos al exministro, como Carlos Alpízar Salazar, secretario de Zaldívar durante su presidencia en la Judicatura Federal; Jaime Santana, entonces titular de la unidad de investigación; y Arely Gómez, quien fuera contralora del poder judicial. A estos dos últimos se les señala de amenazar a jueces y magistrados con responsabilidades administrativas a partir de quejas inexistentes.
Arely Gómez fue procuradora General de la República durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y fue nombrada hace unos días como auditora especial en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por David Colmenares.
Los jueces federales incluidos en las pesquisas están Jesús Delgadillo Padierna, familiar de la morenista Dolores Padierna y que llevó casos como el de Rosario Robles; Iván Zeferín Hernández, juez que ordenó la captura del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca; y Artemio Zúñiga Mendoza, quien llevó los casos de Emilio Lozoya y Alonso Ancira.
De acreditarse los hechos por lo que se les acusa, esos servidores públicos serían responsables de atentar contra la independencia judicial, falta de imparcialidad y profesionalismo, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
La denuncia anónima tuvo lugar luego de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los que criticó la autonomía judicial durante la presidencia de la ministra Norma Piña, pues aseguró que en su momento solicitó la intervención de Zaldívar en asuntos relevantes.
“Todavía cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo, de este tipo (ese día hablaba de Emilio Lozoya), nosotros respetuosamente interveníamos”, dijo el mandatario el 21 de febrero.
De acuerdo con la ley orgánica del poder judicial, la unidad de investigación deberá remitir copia de la denuncia contra Arturo Zaldívar al pleno de la Suprema Corte para resolver sobre posibles faltas administrativas del exministro.
