Redacción Sentido Común
La Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) convocó a sesión extraordinaria para iniciar el trámite de renuncia o remoción del rector Guillermo Mendoza Cavazos.
El secretario general de la UAT, Eduardo Arvizu Sánchez, oficializó la salida de Mendoza Cavazos tras la reunión que ayer sostuvo con cerca de 23 titulares de las unidades académicas, facultades y centros de estudio de toda la entidad.
La salida de Mendoza Cavazos se da en medio de presuntas irregularidades del orden de los 450 millones de pesos, cuando éste ocupó el cargo de secretario de Finanzas en el rectorado de 2017 a 2021.
En los últimos dos años la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) habría desviado casi 450 millones de pesos provenientes de recursos estatales y federales hacia una red de empresas fantasma, a través de un mecanismo fraudulento similar al utilizado en el esquema de desvíos conocido como “La Estafa Maestra”.
Las presuntas operaciones irregulares habrían sido autorizadas por el secretario de Administración de dicha casa de estudios, Víctor Hugo Guerra García, primo del actual gobernador de la entidad, Francisco Cabeza de Vaca, quien a su vez también se encuentra bajo investigación por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y delincuencia organizada.
Así lo señala una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que el día de ayer derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en contra de Guerra y de cinco funcionarios más del mismo plantel.
Con el apoyo de diversas instituciones bancarias la UIF verificó que la Universidad sí transfirió los recursos a las referidas compañías fantasma que, a su vez, lo triangularon entre ellas. Incluso se presume que una parte significativa del dinero fue retirado en efectivo.
En su denuncia, la UIF responsabiliza a Guerra García y a cinco funcionarios más de la Universidad de posibles delitos como malversación de fondos, peculado y otros hechos de corrupción, aunque será la Fiscalía la que deberá determinar los ilícitos y deslindar las responsabilidades.
