Rafael G. Vargas Pasaye
Tres carpetas de investigación ha abierto la Fiscalía General del Estado de Nayarit en el caso de Tuxpan, donde el contralor interno de dicho ayuntamiento instauró un proceso administrativo contra el alcalde José Luis Tovar, en virtud, de acuerdo a comunicado de la Fiscalía “tiene familiares en puestos importantes dentro del ayuntamiento, realiza cobros indebidos a locatarios y retiene dinero de la nómina de los servidores para posteriormente desviarlos, además de tener trabajadores del ayuntamiento realizando labores de índole particular, hechos de los cuales la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit tuvo conocimiento”.
Apenas el 3 de agosto de 2022 se había advertido que el entonces alcalde tenía a familiares de su esposa trabajando en el ayuntamiento, siendo esto contrario a la Ley Municipal, por ejemplo el cuñado realizaba funciones preventivas, cobro de multas y operativos de seguridad, sin ostentar formalmente un cargo público. Además de que Tovar realizaba cobros indebido a locatarios, uso de recursos del ayuntamiento en su beneficio, eventos privados a costa del erario público, por lo que podrían configurarse los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y tráfico de influencias según las autoridades.
La segunda carpeta de investigación señala que el contralor informó a dos regidores del ayuntamiento de Tuxpan sobre la situación del alcalde, en virtud de su cargo, en cuanto a la denuncia y el procedimiento administrativo en su contra, pero estos inmediatamente informaron de ello a la esposa del presidente, por lo que los regidores podrían ser responsables de los delitos de revelación de secretos y coalición de servidores públicos.
Mientras que en la tercera carpeta revela que el contralor fue citado por la esposa del presidente -entonces presidenta del DIF municipal-, en su domicilio y ahí fue retenido contra su voluntad por la C. Lizbeth Amparo “N”, un hermano de ella que se encontraba armado y dos trabajadores del DIF.
De acuerdo con el comunicado de la fiscalía “lo amenazaron con atentar contra su matrimonio y le dijeron que no se iría hasta que entregara copias de la denuncia presentada ante Fiscalía. El contralor accedió a que le tomaran fotos y después de ello lo dejaron retirarse. Por estos hechos podrían configurarse los delitos de privación de la libertad personal, amenazas y coalición de servidores público”.
