Rafael G. Vargas Pasaye
A inicio de 2023 los partidos políticos en México recibieron la notificación de parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de la deuda que habían adquirido por la no comprobación de sus gastos en periodos anteriores que databan de 2018 y 2019, los mismos que fueron subsanando durante la primera mitad de este 2023, pero a finales de este mismo año les informaron que tendrían que subsanar las más recientes de 2020 y 2021, con lo cual corrían el riesgo de quedarse sin recursos económicos para enfrentar sus diversos compromisos en vísperas del proceso electoral 2024.
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a través de su representante envío dos escritos de consulta identificados con los números REPMORENAINE-562/2022 y REPMORENAINE-563/2022 donde en concreto querían saber si era “posible compensar -ajustar- el remanente determinado para cierto ejercicio, cuyo cobro no ha sido realizado o ejecutado, con el déficit -saldo a favor- determinado para un ejercicio posterior”.
De ser posible, el mismo instituto político hacía la petición de que se “Autorice realizar el ajuste a las cuentas de remanente del CEN y los CEEs del ejercicio 2020 para ser compensadas con el déficit del CEN y los CEEs del ejercicio 2021, respectivamente”.
El 31 de mayo mediante el acuerdo INE/CG303/2023 el INE le dio respuesta a esa petición argumentando: “Que no es posible efectuar una compensación del remanente de cierto ejercicio, contra el déficit determinado en un ejercicio posterior”, además de que “no es normativamente viable que se autorice realizar los ajustes a las cuentas de remanente del CEN y los CEE del ejercicio 2020, para ser compensadas con el déficit del CEN y los CEE del ejercicio 2021”.
El 6 de junio Morena presentó un recurso de apelación en contra de ese acuerdo, que llegó bajo el numeral SUP-RAP-110/2023 a la Sala Superior. El 27 de septiembre dicha Sala resolvió revocar el acuerdo INE/CG303/2023 debido a que “no fue exhaustivo en la respuesta a las consultas”, sobresaliendo la parte donde señala “en ningún momento está solicitando aplicar recurso público alguno, se está solicitando el ajuste compensatorio, previsto en la legislación aplicable en materia de fiscalización -artículo 49 de la RF- para que el remanente de financiamiento público recibido en un ejercicio pueda ser aplicado en otro ejercicio, pero respecto a gasto ejercido para los fines que le es entregado el financiamiento público”.
Así se llegó al 5 de octubre pasado donde en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral bajo el numeral INE/CG558/2023 y en respuesta de nueva cuenta a la petición del representante de Morena, concluyó que “sólo es posible efectuar una disminución al momento de realizar el cálculo del remanente del ejercicio que esté sujeto a revisión, siempre y cuando en el ejercicio anterior se haya determinado un déficit, el cual se aplicará en el cálculo a realizar a favor del partido político que se trate y se haya realizado la solicitud correspondiente”.
Aunque también aclara que “no resulta aplicable autorizar el ajuste que solicita Morena de conformidad con el artículo 94 de la RF, a las cuentas de remanente del CEN y los CEE del ejercicio 2020, para ser compensadas con el déficit del CEN y los CEE del ejercicio 2021, respectivamente pues en dicho precepto se regula un ajuste a sus cuentas contables y no a la determinación de remanentes que realiza la autoridad fiscalizadora, respecto de los recursos públicos no erogados o no comprobados”.
En Nayarit, los partidos que están en problemas con las comprobaciones de sus ejercicios anteriores son Morena, Partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, y Movimiento Ciudadano sobre todo, y exentos quedaron los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Esto coloca en una complicación mayor a todas las fuerzas políticas pues corren el riesgo de no contar con recursos económicos en pleno año electoral. Aunque quizá puedan ser rescatados con el proyecto de sentencia SUP-RAP-297/2023 que presentará el magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se pretender revocar el acuerdo INE/CG558/2023, y “se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral instrumentar el procedimiento para la compensación de remanentes del financiamiento público respecto de déficits de ejercicios fiscales inmediatos posteriores”.
Con ello los partidos políticos, si bien no tendrían resueltos los problemas financieros para enfrentar el año electoral 2024 que ya empezó, al menos podrían tener margen de maniobra para solventar sus compromisos inmediatos.
@rvargaspasaye
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